27.9% de detenciones son ilegales: México Evalúa

De acuerdo con un informe realizado por la asociación, las aprehensiones no fueron realizadas con apego a los requisitos constitucionales

27.9% de detenciones son ilegales: México Evalúa
El estudio de México Evalúa será presentado este jueves a las 11 de la mañana. Foto: Especial

El 27.9 por ciento de las detenciones a nivel nacional en 2019 fueron calificadas como ilegales por un juez de control, de acuerdo con el informe Hallazgos 2019. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en el país, elaborado por la asociación México Evalúa

Las entidades en donde mayor número de detenciones fueron declaradas ilegales porque no fueron realizadas con apego a los requisitos constitucionales son Oaxaca, con 69.2 por ciento; Estado de México, con 68.3 por ciento y Baja California Sur, con 37.6 por ciento. 

El estudio que será presentado este jueves destaca el caso de Oaxaca porque a pesar de que sólo se inició el 12.6 por ciento de las causas penales con detenido, las resoluciones de ilegalidad son altas, lo que refleja el mal desempeño de los policías y una deficiente determinación preliminar del Ministerio Público que debe realizar un control previo cuando el detenido es presentado y, en su caso, ordenar su retención. 

Los estados con menos personas liberadas por ilegalidad son Campeche, con 3.1 por ciento; Durango, con 1.6 por ciento y Sonora con 1.2 por ciento. 

Estos resultados corresponden al fuero común. 

No alcanzan estándar mínimo 

De acuerdo con México Evalúa, en 2019 se observa un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, ya que ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo. 

Las entidades con mayor avance en la consolidación del sistema de justicia penal son Querétaro, Baja California y Chihuahua. 

Las peor evaluadas por sus condiciones son Guerrero y Nayarit, ya que obtuvieron 278 y 284 puntos de 900 como puntaje máximo. 

Querétaro obtuvo 727 y ocupa el primer lugar en el ranking. 

“A tres años de la consolidación del sistema de justicia penal, resulta indispensable evaluar si las entidades federativas cuentan con las condiciones necesarias para operar las distintas instituciones de justicia y lograr resultados efectivos”, señala el estudio. 

Por Diana Martínez


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