Nueve de los 11 gobiernos estatales del PRI que acordaron adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el pasado lunes, aún deben aclarar el destino de 155 millones 713.7 mil pesos que recibieron de la Federación para destinarlos al Seguro Popular, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la Cuenta Pública 2018, durante la gestión de Alejandro Moreno Cárdenas, hoy presidente nacional del PRI, Campeche fue uno de los estados priistas con más cuentas pendientes de comprobar sobre los recursos del Seguro Popular —hoy Insabi—, pues tiene observaciones por presuntos daños al erario por 51 millones 388.8 mil de pesos.
La entidad priista con mayores montos observados por parte de la Auditoría es San Luis Potosí, con 68 millones 857.7 mil pesos, estado gobernado Juan Manuel Carreras.
San Luis Potosí y Campeche se posicionan en los lugares quinto y sexto, consecutivamente, de los estados con el mayor monto de observaciones; antes, en orden decreciente están Chiapas, Tabasco y Chihuahua y Jalisco.
“Respectivamente, por lo que es fundamental que dichas entidades establezcan medidas que fortalezcan el control de la gestión de los recursos del programa, a efecto de lograr el cumplimiento de metas y objetivos”, señala la ASF.Sin embargo, bajo la administración de Alejandro Moreno, Campeche fue la entidad que encabeza la lista de porcentajes de recursos cuya aplicación no fueron comprobados al momento de la auditoría 2018 porque, de los 226 millones 999.8 mil pesos que ejerció en ese año no aclaró el gasto de 51 millones 388.8 mil pesos, lo que significa el 22.6 por ciento del total. De manera contraria, las gestiones sin señalamientos de daños al erario son Oaxaca, y la de Claudia Pavovlich en Sonora, entre otros.
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Por Iván E. Saldaña IMU