En los estados de Sonora y Chihuahua, principalmente, existen campos agrícolas dominados por el crimen organizado que capta jornaleros y jornaleras con fines de explotación, señaló María Mayela Blanco Ramírez, integrante del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, y de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas en México.
“Sí hay algunos casos en el país donde ha habido captación y esta invitación de trabajo forzado con fines de explotación laboral en campos agrícolas en las que tienen algún involucramiento con el crimen organizado, no hemos sabido que sea el caso de San Luis Potosí, pero sí sobre todo en los casos de Sonora y de Chihuahua", indicó.
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Durante la presentación del Primer Informe “Violación de Derechos de las y los Jornaleros Agrícolas en México” y el conversatorio sobre “Migración Jornalera Agrícola Interna”, organizado por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, Blanco Ramírez señaló que existe el registro de siete millones de personas jornaleras en el país, aunque precisó que la cifra data de hace diez años, por el extinto Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) que dependía de la Secretaría de Desarrollo Social ahora Secretaría del Bienestar “y sigue en construcción”.
“La principal violación a sus derechos humanos es que no tienen acceso a seguridad social; no tienen derecho a la educación; a un salario justo, digno y decente; no tienen un contrato de trabajo por escrito, firmado y en español, simplemente las condiciones de vida son las más inadecuadas porque en pleno siglo XXI las personas siguen viviendo en el piso”, expuso.
Acerca de las causas de la migración jornalera agrícola en México, el informe señala que en el 2012, el 75.4 por ciento de la población potencial jornalera se encontraba en condición de pobreza y el 23.6 por ciento en pobreza extrema.
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Es decir, la incidencia de pobreza extrema entre la población potencial es mayor al doble de la media nacional, que es del 9.5 por ciento; prácticamente la totalidad de la población potencial, es decir, el 97.2 por ciento presenta al menos una carencia social, mientras que el 55.6 por ciento presenta al menos tres carencias sociales.
Entre la población potencial, la carencia social con mayor incidencia es la relacionada con el acceso a la seguridad social, 89.1 por ciento; seguida de la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, 57.1 por ciento; por acceso a la alimentación, 40 por ciento; por rezago educativo, 35.7 por ciento y calidad y espacios en la vivienda 29.5 por ciento.
El informe señala como las principales causas de la migración de jornaleras y jornaleros en el país se debe a que no tienen trabajo, con el 51.4 por ciento y porque necesitan efectivo con el 30.7 por ciento.
Por: José Alemán
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