Aunque no se cuenta con un reporte de rigor científico que detalle una metodología, la cifra negra en materia de personas desaparecidas podría elevarse en al menos 200 mil en todo el país, esto basado en que por cada caso de desaparición reportado, hay cinco que no se reportan por temor a la carga que se generaría a la propia familia o el temor a los propios captores e incluso a las autoridades, señaló Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco en entrevista con José Ángel Gutiérrez para El Heraldo Radio Jalisco.
“En los centros de servicios forenses de todo el país, las autoridades de todo el país han reconocido que hay más de 20 mil personas sin identificar, esto ¿a qué te llevar?
“Seguramente algo está faltando en la política del Estado Mexicano para buscar de forma eficiente y eficaz a las personas desaparecidas y atrás de cada persona, ahorita estamos hablando de cifras, pero yo les invito que se pongan a pensar qué hay detrás de cada una de estas personas, el dolor y el sufrimiento de padres, madres, hermanos, hijos e hijas y todo lo que ocurre… hay un lado humano que pocas veces nos ponemos a reflexionar”.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos se trabaja en tres temas fundamentales, uno de ellos la seguridad, de la cual se deriva el tema de personas desaparecidas; el de violencias contra la mujer, la violencia más extrema, los feminicidios y las violencias que vive la ciudadanía todos los días.
El Ombudsperson indicó que las desapariciones de personas se convierte hoy por hoy en el tema que más preocupa y en la herida más dolorosa de nuestra sociedad, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional.
“Nuestro país vive una época de graves violaciones a los derechos humanos y uno de los resultados de las violaciones a los derechos humanos es justamente esta de las desaparición de personas que se agrava cuando participan servidores y servidoras públicas que se agrava elevándose a la calidad de desaparición forzada”, declaró.
El Estado tiene el deber de garantizar que la ciudadanía no sea víctima de estos actos de violencia, es una obligación que tienen las autoridades, lamentablemente, hay una debilidad del Estado Mexicano para garantizarnos este derecho a la seguridad pública y lo mejor que pueden hacer las autoridades es reconocerlo porque al menos así nos dan la certeza a la ciudadanía de reaccionar.
Aunque reconoció que es complico el solucionar por completo este problema de desaparición forzada, insistió que debe existir un mayor compromiso por parte de las autoridades aún y cuando hayan llegado recientemente al poder, como es el caso de la administración estatal y federal.
“Lo que más está haciendo falta es la organización interna, la sistematización de procesos, la coordinación, esto ya es cuestión de todo el funcionariado, no solamente de ciertos sectores y aunque debemos señalar que no hay ni buenos ni malos ejércitos, lo que hay son buenos o malos generales porque los responsables de cada una de estas áreas deben buscar esa articulación para que no ocurra esto que pasó, por ejemplo en Lagos de Moreno –una joven fue localizada después de dos años de permanecer en el SEMEFO, mientras era buscada por sus familiares-. Lo peor que se puede hacer es negar el problema o minimizarlo”.
Recordó que el tema es tan profundo que incluso la mayor reforma en nuestro país se da a partir de una sentencia sobre un caso de desaparición, que es el caso de Rosendo Radilla Pacheco que desapareció en 1974 y es la lucha de la familia Radilla la que logra colocar el asunto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se emite esta sentencia que provoca y que presiona para que haya la mayor reforma constitucional que tenemos en nuestro país, de tal forma que “la desaparición de personas hoy sin duda, es el mayor desafío que tienen los gobiernos y que forma parte del desafío de garantizarnos el derecho humano a la seguridad”.
Por Mayeli Mariscal
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