Tras de dos días de labor de parto, Susana fue cuestionada por la médica que la atendió, si había elegido usar un método anticonceptivo. Susana respondió que no.
La especialista insistió y arguyó que el esposo y la madre de la paciente estaban de acuerdo con que se le aplicara uno, por lo cual, mediante engaños, Susana firmó.
Ahora su caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Después de dar a luz en un hospital del IMSS en Jalisco, en 2017, se le aplicó la oclusión tubaria bilateral (OTB) —la ligadura de trompas—, método anticonceptivo permanente.
La afectada, de 33 años, promovió un amparo por tratos crueles, inhumanos y degradantes en la etapa prenatal y de parto; la esterilización forzada, la falta de atención médica adecuada, el incumplimiento de la NOM-005-SSA2-1993 y por violar sus derechos a la salud y a la información.
Acusa que el hospital no siguió la norma, que señala que, antes de aplicar un método definitivo, debe haber asesoría que no ponga en entredicho su capacidad de decisión.
Debido a que esto no ocurrió, no debió considerarse como un consentimiento válido, por lo que el caso podría considerarse como esterilización forzada, dijo Alex Alí Méndez, coordinador de Documentación y Litigio de Casos del Grupo de Información en Reproducción Elegida.
El IMSS señaló a este diario que se obtuvo el consentimiento informado de la mujer con base en la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y el reglamento de ésta.
POR DIANA MARTÍNEZ
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