El gobierno del estado asumirá el costo político del aumento al precio de la tarifa de transporte público puesto que ya era necesaria ante la falta de actualización del parque vehicular aseveró el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.
En entrevista, indicó que los acuerdos a los que llegaron con los diferentes grupos de transportistas están relacionados con eliminar la corrupción en uno de los sectores que, dijo, más la tienen.
Indicó que debido a que el sector estudiantil ha solicitado ya un descuento, se analiza la posibilidad de aplicar subsidios cuya forma de ejecución ya se estudia.
“Más que un aumento es un acuerdo que tiene que ver con modernización del transporte, de tecnología para seguridad de los usuarios, botones de alerta, cámaras de videovigilancia, GPS y revisar el tema de las rutas que no vayan encimadas”, explicó Barbosa Huerta.
El mandatario estatal dijo que los transportistas tienen un plazo de 120 días para mejorar los equipos de seguridad en las unidades de transporte ya que después iniciarán los operativos por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para verificar si se renovaron las unidades y, en caso contrario, se cancelarán concesiones y se retirarán los vehículos de circulación.
Barbosa Huerta manifestó que se continúa con la revisión de las concesiones, al resaltar que muchos de los permisionarios fueron operadores políticos, pero evitó pronunciarse sobre si uno de ellos es Arturo Loyola Gutiérrez.
“Estamos conscientes de todo lo que puede. Pero implicar socialmente este aumento y lo asumimos, pues son decisiones que se deben de tomar. No vamos a permitir que el transporte siga siendo el sector donde más se ha alojado la corrupción”, expresó.
Respecto a que si igual habrá incremento en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) detalló que el sistema se está revisando, pero descartó que se vaya a aumentar, pues la operación y cobro fue algo que se pactó desde que se firmaron los contratos.
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Por Claudia Espinoza
mfrp