Juan Mario “N”, el director responsable de obra (DRO) del Colegio Rébsamen, firmó en 2014 la constancia de seguridad estructural del plantel que colapsó durante el sismo del 19 de septiembre y en el que murieron 26 personas, entre éstos, 19 menores, y dio el visto bueno de que el inmueble estaba en condiciones idóneas.
Ayer, el imputado, capturado el domingo en el campamento Fortaleza de Vida, en Peña de Bernal, Querétaro, arribó a la sala 7 de oralidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, vestido con pijama con figuras de osos y conejos, así como con tenis.
La diligencia judicial se tornó ríspida durante los contrainterrogatorios a los dos testigos y el perito ofrecidos por la defensa.
Incluso el juez de control Joel de Jesús Garduño Venegas apercibió a la Ministerio Público y al perito Arturo Hernández Figueroa, y calificó de hostil el comportamiento de estos últimos.
Durante la diligencia se señaló que el imputado firmó desde 2014 la constancia de seguridad estructural, a pesar de que un DRO no debe firmar este documento, pues eso es competencia del corresponsable en seguridad estructural.
Destacó que dio el visto bueno en seguridad estructural del inmueble al considerar que el edificio era estable y no había necesidad de pruebas de carga porque el sistema era idóneo.
Esto, además de que hay una resolución de 2013 sobre trabajos que dañaron la estructura del edificio. Sin embargo, el perito Arturo Hernández Figueroa, señaló que estas pruebas de carga sí fueron realizadas.
“Por la gran cantidad de sismos, no me queda duda que el inmueble colapsó por el sismo. El inmueble ha sufrido configuraciones que sí pueden alterar el comportamiento estructural”, señaló el perito.
El testigo Jorge Flores Rosas señaló que, como gestor en construcción, después del sismo del 7 de septiembre de 2017, recibió una llamada del imputado.
“¿Conoces cómo se lleva a cabo el trámite de una nueva constancia estructural?”, le cuestionó el imputado, ya que el reglamento en materia de construcciones establece que cada cinco años o cuando ocurra un sismo, ésta debe ser renovada.
Un día después, lo acompañó al colegio, pero no se les permitió el acceso y una mujer a quien identificó como la licenciada López les dijo que ya tenían un nuevo DRO, por lo que éstos se trasladaron a la ventanilla única de la delegación Tlalpan para conocer más detalles del trámite.
Tanto la Ministerio Público como los asesores jurídicos criticaron el dictamen normativo estructural elaborado por Hernández Figueroa porque aseguraron que no utilizó una metodología y lo comenzó cuatro días antes de la audiencia y con lo que los datos que le proporcionó la defensa, ya que acudió al plantel educativo, pero no pudo ingresar.
Efrén Muciño, un DRO, también rindió su testimonial, insistió en que esta figura no debe firmar las constancias de seguridad estructural, pero la Ministerio Público señaló que el manual de trámites de la delegación Tlalpan sí establece esto como requisito.
Hasta el cierre de esta edición, continuaba la audiencia.
POR DIANA MARTÍNEZ ILUSTRACIONES: JORGE MANJARREZ
Destacó que dio el visto bueno en seguridad estructural del inmueble al considerar que el edificio era estable y no había necesidad de pruebas de carga porque el sistema era idóneo.
Esto, además de que hay una resolución de 2013 sobre trabajos que dañaron la estructura del edificio. Sin embargo, el perito Arturo Hernández Figueroa, señaló que estas pruebas de carga sí fueron realizadas.
“Por la gran cantidad de sismos, no me queda duda que el inmueble colapsó por el sismo. El inmueble ha sufrido configuraciones que sí pueden alterar el comportamiento estructural”, señaló el perito.
El testigo Jorge Flores Rosas señaló que, como gestor en construcción, después del sismo del 7 de septiembre de 2017, recibió una llamada del imputado.
“¿Conoces cómo se lleva a cabo el trámite de una nueva constancia estructural?”, le cuestionó el imputado, ya que el reglamento en materia de construcciones establece que cada cinco años o cuando ocurra un sismo, ésta debe ser renovada.
Un día después, lo acompañó al colegio, pero no se les permitió el acceso y una mujer a quien identificó como la licenciada López les dijo que ya tenían un nuevo DRO, por lo que éstos se trasladaron a la ventanilla única de la delegación Tlalpan para conocer más detalles del trámite.
Tanto la Ministerio Público como los asesores jurídicos criticaron el dictamen normativo estructural elaborado por Hernández Figueroa porque aseguraron que no utilizó una metodología y lo comenzó cuatro días antes de la audiencia y con lo que los datos que le proporcionó la defensa, ya que acudió al plantel educativo, pero no pudo ingresar.
Efrén Muciño, un DRO, también rindió su testimonial, insistió en que esta figura no debe firmar las constancias de seguridad estructural, pero la Ministerio Público señaló que el manual de trámites de la delegación Tlalpan sí establece esto como requisito.
Hasta el cierre de esta edición, continuaba la audiencia.
POR DIANA MARTÍNEZ ILUSTRACIONES: JORGE MANJARREZ