En coma, hospital de Ticul

MÉRIDA.- Un hospital de segundo nivel con 90 camas que debería ofrecer servicios de salud a cerca de 75 mil pobladores del sur de Yucatán nunca se terminó de construir. El problema va más allá de la falta de atención médica: el gobierno del Estado y la empresa contratada para la edificación y operación del nosocomio se encuentran en litigio, pleito en donde están en juego más de 520 millones de pesos. La obra del hospital de Ticul fue aprobada por el Congreso del Estado en 2012, durante el último año del gobierno de la priísta Ivonne Ortega. Los legisladores autorizaron que se construyera bajo la modalidad del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), es decir, que una empresa privada se encargue de esas labores y de su operación durante 25 años. La inversión anunciada para su construcción fue de mil 173 millones de pesos, pero debido al contrato firmado con la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península, SAPI de CV, subsidiaria de Grupo Marhnos, relativo al tiempo y la cantidad que el Ejecutivo pagaría anualmente, la cifra se elevaría cinco veces.  

Inicia la disputa

En mayo de 2015, tras las críticas de los pobladores por el atraso en la construcción, el gobierno informó que rescindió el contrato a la compañía por no haber cumplido con la entrega de la obra y el inicio de la prestación de los servicios en los plazos establecidos. Desde entonces, la compañía Infraestructura Hospitalaria de la Península ha recurrido a diferentes procedimientos jurídicos en contra de los Servi cios de Salud de Yucatán (SSY), exigiendo el pago de más de 520 millones de pesos por la cancelación anticipada del contrato. Argumenta que el gobierno cambió las especificaciones de la obra sin que las plasme en el convenio modificatorio, lo que frenó el financiamiento bancario para la edificación del hospital. La empresa presentó al menos siete juicios de amparo d e interpuso demandas ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Paris, Francia. En abril del año pasado, la SSY se dijo dispuesta a pagarle 125 millones 51 mil 765 pesos a la empresa , pero ésta lo impugnó ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán. El departamento jurídico de la SSY, al solicitarle información sobre cómo va este caso caso, indicó a El Heraldo de México que desde ese último recurso legal no ha habido avances en el litigio. Es decir, no han podido llegar a un acuerdo económico, ni el destino final del edificio. El secretario estatal de Salud, Jorge Eduardo Mendoza, declaró anteriormente que de ganar el litigio, existe la posibilidad de que el gobierno obtenga el inmueble y en ese momento se evaluara qué tipo uso se le dará. Pero no existen ni se contemplan recursos para otro hospital en la localidad.     POR HERBETH ESCALANTE / CORRESPONSAL