Reprueban 15 estados en obras

Quince entidades de la República fueron reprobadas por la opacidad, prácticas en conflicto de interés y otras más que generan corrupción. Como resultado de una evaluación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (imco), en Campeche, Chihuahua, CDMX, Estado de México, Guanajuato y Jalisco se encontró que los contratos de obra pública se modifican por más de 25 por ciento del monto o plazo. Ello pervierte los procesos de licitación con ofertas artificiales de bajos costos y genera corrupción, dijo el director de ese organismo, Juan Pardiñas. Mientras que, en Baja California, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tamaulipas, se encontró que colegios y cámaras empresariales forman parte del Comité de Obra Pública, en un claro conflicto de interés. “Los estados construyen infraestructura con planeación y seguimiento deficientes”, dijo el analista Pardiñas. Estos resultado son parte del Índice Legal de Obra Pública: Evaluación de la calidad del marco jurídico estatal, elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco). Las entidades que fueron evaluadas y reprobadas se enlistan: Veracruz, Estado de México, Sonora, CDMX, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Michoacán, Baja California. También forman parte Campeche, Tamaulipas, Nuevo León y Querétaro. Acompañado del directo Jurídico del Imco, Ricardo Corona, propuso impulsar una Ley General de Obra Pública que regule a los tres niveles de gobierno en sus procesos de planeación, contratación, ejecución, evaluación y auditoría de la infraestructura pública. DISCRECIONALIDAD Según Juan Pardiñas, “sin leyes claras y completas, siempre habrá espacios para la discrecionalidad en la obra pública”, y explicó el proceso del análisis. El índice contiene 24 indicadores que se desagregan en 144 criterios mínimos, que deben ser contemplados en el marco normativo que regula toda obra pública en el país. Los criterios se enfocaron en siete ejes transversales, Competencia; Finanzas públicas; Fiscalización; Planeación; Responsabilidades administrativas; Tecnologías de la información; y Transparencia para el buen desarrollo de la obra. En finanzas públicas, por ejemplo, Nuevo León, con 17 por ciento, fue el de menor cumplimiento. POR MÓNICA GARCÍA-DURAN