Fiesta brava enfrenta a IP y Toluca

TOLUCA. El bando municipal de policía y buen gobierno en la capital del Estado de México, prohíbe los espectáculos basados en la exposición y maltrato animal. Sin embargo, hasta que el ayuntamiento negó el permiso para la realización de una corrida de toros, quedó de manifiesto que está vetada la fiesta brava. En México, 18 municipios de cuatro entidades y tres estados prohíben las corridas de toros. Incluso, en el caso de Coahuila, el tema llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la solicitud de amparo de empresarios del ramo para revertir esta decisión; después se desistieron, por lo que el máximo tribunal del país no dirimió esta controversia. Ayer, el ayuntamiento de Toluca defendió su postura, luego de que empresarios taurinos anunciaron medidas legales por la suspensión de la corrida de toros que se tenía prevista el 23 de marzo, lo que habría dejado pérdidas por más de un millón de pesos. Tras la polémica, el apoderado legal de la empresa Promotoreando, Enrique Tapia, informó que iniciará acciones legales contra la administración municipal, ya que fueron notificados de la negativa prácticamente el mismo día del evento. Dijo que debido a la abrupta cancelación, tuvieron pérdidas económicas por más de un millón 100 mil pesos, y se afectó el empleo de al menos 250 personas. En respuesta, el ayuntamiento aclaró que si bien existe un Reglamento de Eventos Taurinos que opera a nivel nacional, en el bando municipal de policía y buen gobierno, se prohíben desde hace varios años, los espectáculos basados en la exposición y maltrato anima. El director jurídico, Jorge Luis Fonseca, dijo que la empresa no puede reclamar ningún tipo de “indemnización” o reparación de daño, porque nunca se canceló ningún tipo de permiso, ya que la solicitud de la empresa para la realización del evento, se hizo de manera extemporánea. Recordó que son atribuciones de las autoridades municipales, “impulsar y dirigir la cultura de respeto y protección de los animales”, entre otras. Aclaró que no se pudo entrar al fondo del asunto, al presentarse de manera extemporánea la solicitud de permisos. Según las normas, se debe presentar con 15 días de antelación. Sin embargo, rechazó que hubiese realizado algún tipo de cabildeo o promoción ante las autoridades municipales, para cancelar o permitir la corrida de toros. Como parte de la polémica, el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (Codhem), Jorge Olvera García, defendió que toda expresión de vida debe ser preservada, es un derecho. POR MARÍA TERESA MONTAÑO