Fallan en seguridad carcelaria

En cárceles de Querétaro y Jalisco hay internos con privilegios y funciones de autoridad, pues cobran cuotas a otros para que tengan acceso a servicios, lo que fomenta la violencia y el tráfico de drogas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que depende de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), elaboró dos informes tras visitar centros de detención de estas entidades en las que detectó, además del autogobierno, que no hay lugares de internamiento para mujeres, lo que las coloca en situación de riesgo. Los cobros indebidos y privilegios fueron detectados en el Centro de Reinserción Social Femenil de Jalisco; la Comisaría de Sentenciados, en Puente, Grande; la Comisaría de Prisión Preventiva, en Puente Grande; y el Centro de Inspección General del Reclusorio Zona Sur, en Ciudad Guzmán. “Durante el recorrido se observó a internos con ropa, calzado, accesorios, cortinas en el interior de dormitorios, aparatos eléctricos (TV y equipos de audio) que el resto de la población no tiene”, indica el informe de supervisión 4/2018 haciendo referencia a la Comisaría de Sentenciados. Estas irregularidades también fueron encontradas en el Centro de Reinserción Social San Juan del Río y el Centro de Reinserción Social San José el Alto, en Querétaro. “Se observó que algunas personas privadas de la libertad manejan los candados de sus celdas, que algunas áreas de dormitorio son vigiladas por éstos y que algunos tienen cargos como responsables de llaves”, señala el informe 1/2018 de Querétaro sobre la cárcel de San Juan del Río. Estos documentos están dirigidos a Francisco Domínguez Servién y Aristóteles Sandoval, gobernadores de Querétaro y Jalisco, respectivamente, y a los fiscales Alejandro Echeverría Cornejo y Raúl Sánchez Jiménez, a quienes piden tomar medidas para prevenir actos de autoridad que vulneren la integridad de los internos. Durante las visitas a lugares de privación de libertad, realizadas en junio y noviembre de 2017, también se observó hacinamiento y sobrepoblación, hacinamiento y falta de áreas adecuadas para la comunicación ente detenidos y defensores. “El bajo índice de población femenil interna en comparación con la varonil no justifica que la infraestructura y funcionamiento de los lugares de detención e internamiento no contemple áreas específicas y adecuadas para ellas”, señala el documento de Querétaro.     POR DIANA MARTÍNEZ