Un total de 84 servidores públicos municipales y otros adscritos al pasado gobierno de Roberto Borge Angulo serán objeto de 27 denuncias penales ante la Fiscalía General de la entidad acusados por la Auditoría Superior de Quintana Roo de la malversación de 11 mil 813 millones de pesos.
Así lo anunció Manuel Palacios Herrera, auditor interino, en actuaciones de fiscalización en seguimiento al acuerdo del pleno del Congreso correspondiente al 17 de febrero de 2017 -en el que se mandata la cumplimentación de las auditorías de 2015, así como las que se tienen que realizar por mandato de ley de 2016-, se concluyó que sí hay elementos para proceder a la denuncia de estos funcionarios de los dos niveles de gobierno implicados en los presuntos delitos.
Informó que estas auditorías realizadas suman 160 cajas como parte del expediente que tiene más de 300 mil hojas.
Estas denuncias penales se suman a las que persiguen autoridades federales como las del SAT por el caso de la naviera “Barcos Caribe”, en donde presuntamente participan en lavado de dinero la secretaria del padre del exgobernador de Quintana Roo, María de Lourdes Pinelo Nieto y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, donde se busca el esclarecimiento del uso de 4 millones 500 mil dólares más 14 millones de dólares australianos destinados a la compra de cinco embarcaciones.
También la Auditoría Superior del Estado fincará responsabilidades penales a funcionarios estatales y municipales que vendieron a precios de remate e inclusive regalaron 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial de Quintana Roo, en total 44 predios para un quebranto a la Cuenta Pública Estatal de mil 99 millones de pesos.
En este quebranto se involucra a Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado; Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del IPAE; Mauricio Rodríguez Marrufo (actualmente preso) ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador (beneficiaria de la venta de terrenos) y Fidel Villanueva Rivero, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado.
También son perseguidos por la ley 11 ex funcionarios estatales quienes autorizaron contratos y pagos por concepto de servicios aéreos, en el caso de la empresa VIP Saesa, por lo que el juez de control emitió la respectiva lista de órdenes de aprehensión.
Conforme el Expediente 151/2017 por desempeño irregular de la función pública, está indiciado Roberto Borge Angulo, Luis González Flores, Román Quian Alcocer, Gabriel Mendicuti Loria, estos tres ex titulares de la Secretaría de Gobierno.
También están involucraos en ilícitos Mauricio Góngora Escalante, Juan Pablo Guillermo Molina (ex titulares de Sefiplan); Erce Barrón Barrera, ex titular de la Administración Portuaria Integral de Qroo; Mario Castro Basto y Fernando Escamilla Carrillo, ex titulares de Secretaría de Infraestructura y Transporte. Gonzalo Herrera Castilla, ex titular de la Secretaría de la Gestión Pública y Víctor Hugo Loyola Corona, quien fue Procurador Fiscal de la Sefiplan.
Miguel Angel Pech Cen, Fiscal, ha cumplido la orden de aprehensión sobre Carlos A. Acosta Gutiérrez, ex director y representante legal de la empresa, quien enfrenta en prisión preventiva las acusaciones.
En cuanto a las 27 denuncias penales anunciadas este miércoles, el diputado Ramos Hernández recordó que se solicitaron estas auditorías porque las anteriores no se completaron y se realizaron con premura, pero el reporte de estas, pueden ser constitutivas de delito, por ello las denuncias que se interpondrán.
El Presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, destacó el hecho de que, por primera vez en el estado, queda claro que las instituciones del estado funcionan y dan resultados.
“Se hace historia porque se rompe con este ciclo vicioso que se tenía donde se consideraba que el auditor o la Auditoría se dedicaba a maquillar cuentas de los entes públicos. Siempre al final del día había observaciones muy menores y prácticamente nunca, no tengo antecedente, de este número de denuncias penales que se hayan presentado con estos montos. No hay precedente”, expresó.
Por Mauricio Conde