La Procuraduría General de la República fue omisa al investigar la participación de militares en la muerte de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México, por lo que un juez federal le ordenó ampliar la indagatoria y obtener más pruebas para esclarecer los hechos de junio de 2014.
El juez decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó un amparo a Clara Gómez, sobreviviente y testigo en este caso, quien pidió que se investigara si los militares ejecutaron a los civiles y no se trató de un enfrentamiento.
De acuerdo con la sentencia de amparo 545/2017, la autoridad ministerial fue omisa en este caso y su inacción constituye violaciones a derechos humanos de las víctimas.
El impartidor de justicia le ordenó a la PGR investigar diligentemente los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, pues no ha realizado acciones para verificar la orden militar de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”; también señaló que no se indagó la cadena de mando en este hecho.
“Se tiene acreditado la omisión de investigar respecto de la orden consistente en el abatimiento en horas de oscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados en los hechos y en relación con la cadena de mando”, indica la resolución.
De acuerdo con la sentencia de amparo 545/2017, la autoridad ministerial fue omisa en este caso y su inacción constituye violaciones a derechos humanos de las víctimas.
El impartidor de justicia le ordenó a la PGR investigar diligentemente los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, pues no ha realizado acciones para verificar la orden militar de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”; también señaló que no se indagó la cadena de mando en este hecho.
“Se tiene acreditado la omisión de investigar respecto de la orden consistente en el abatimiento en horas de oscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados en los hechos y en relación con la cadena de mando”, indica la resolución.
Además, obliga al Ministerio Público a elaborar a más tardar en 30 días, un cronograma de diligencias para que obtenga elementos probatorios y realice una investigación exhaustiva de los hechos.
“Deberá establecer si en el caso existe alguna otra indagatoria que aún no haya sido consignada, y que con el fin de unificar la investigación de los hechos, pueda ser acumulada a la que se encuentra bajo su cargo integrando”, señala la sentencia.
Gabriela Carreón Lee, abogada de Gómez e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, detalló que se solicitó el esclarecimiento de los hechos porque al principio la PGR sólo consideró la muerte de ocho personas, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre 12 y 15, además que no se llamó a declarar a mandos.
“SEIDO también tiene investigación por el mismo caso, lo que decimos nosotros como representantes es que puede haber pruebas en otro expediente que puedan servir para aclarar y para realizar una mejor investigación en este expediente que está llevando la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR”, dijo.
La Procuraduría General de la República cuenta con 10 días hábiles para inconformarse con la resolución judicial.