Por la compra irregular del equipo para realizar escuchas, cuatro ex funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre Rivero son investigados, reveló el gobierno de Guerrero.
Roberto Álvarez Heredia, vocero del grupo coordinación Guerrero, precisó que en 2016 recibieron una denuncia que interpuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la adquisición de un software para espiar a personas y líderes.
“Nos envían una denuncia por la compra irregular de un software interceptor de llamadas telefónicas que había sido adquirido para propósitos únicamente para investigación criminal por parte de la unidad de antisecuestros de la Fiscalía General del Estado.
“De ese escrito, el gobernador del estado [Héctor Astudillo Flores] instruyó a la Contraloría General del Estado para que integrara una investigación exhaustiva”, agregó el funcionario.
El Heraldo de México reveló que hay al menos mil 35 audios, donde se detalla cómo el gobierno del perredista Ángel Aguirre espió a sus funcionarios, así como a líderes sociales y sindicales, entre otras personas.
Álvarez Heredia indicó que desde que se enteraron de la compra fue buscado el programa de espionaje, pero no fue encontrado.
Sin embargo, sí hallaron un contrato de compra de adquisición directa para la instalación del equipo de escuchas, lo cual fue de manera irregular, pues se debió abrir a concurso de licitación pública nacional.
Al igual que el gobierno de Aguirre Rivero, quien dejó el cargo en octubre de 2014, su sustituto, Rogelio Ortega, también compró de manera irregular la licencia de funcionamiento del software.
En este proceso de la investigación han sido citados funcionarios de la Fiscalía General del Estado, del Consejo Estatal de Seguridad, de la Secretaría de Finanzas y del Tribunal Superior del Estatal.
Al cuestionar los nombres de los ex funcionarios involucrados, Álvarez Heredia señaló que por cuestiones de secrecía y proceso judicial debían omitirse hasta que se culmine la investigación.
No obstante, dijo que todos fueron citados a audiencia para aportar elementos para la investigación.
Durante la administración del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, de 2005 a 2011, fue adquirida vía concurso de licitación un software para la Procuraduría estatal en aquel entonces, por lo cual los gobiernos siguientes, como el caso de Aguirre Rivero, sólo debieron renovar la licencia.
“El gobierno de Héctor Astudillo es respetuoso y no realiza ninguna actividad de espionaje que es ilegal en contra de periodistas, defensores de los derechos humanos, ni contra líderes partidistas ni sociales”, aseguró el funcionario estatal.
Según el mandatario estatal, en su administración no han espiado a ninguna persona y sólo han ocupado los equipos de espionaje para tareas de la Fiscalía General del Estado.
Incluso, el lugar ocupado para las escuchas ahora fue instalada la oficina de Comunicación del Gobierno estatal, cerca de la puerta 3 de Casa Guerrero.
El costo del equipo de espionaje comprado con supuestas irregularidades asciende a los 17 millones 500 mil pesos y está etiquetado para el Programa con prioridad nacional: Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro se lee en el documento de compra que hizo el gobierno de Aguirre.
Por Heraldo Redacción.