El Departamento de Estado de los Estados Unidos acusó a México por disminuir su presupuesto federal para combatir a las células de traficantes de personas, lo que se refleja en el menor número de detenciones por este ilícito.
Según el Reporte de Tráfico de Personas 2017, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, los recortes presupuestales “obstaculizan su habilidad para investigar y llevar a juicio todos los crímenes, incluyendo el tráfico de personas”.
En el presupuesto 2017, la Policía Federal sufrió un recorte del 8 por ciento, con relación al presupuesto del año pasado, mientras que la Procuraduría General de la República registró una disminución del 3.2 por ciento durante ese período.
En el presupuesto 2017, la Policía Federal sufrió un recorte del 8 por ciento, con relación al presupuesto del año pasado, mientras que la Procuraduría General de la República registró una disminución del 3.2 por ciento durante ese período.
De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio mensual de averiguaciones previas relacionadas con violaciones a la Ley de Migración ha caído en casi un 55 por ciento durante el primer semestre de 2017, en comparación con las registradas mensualmente durante 2015, siendo el más bajo en el sexenio.
El reporte también identifica la corrupción de funcionarios públicos como otra de las causas por las que México "no cumple con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico (de personas)".
“La complicidad oficial continúa siendo un problema serio y enormemente evadido”, señala el documento emitido por las autoridades estadounidenses.
El documento destaca que a pesar de la constante existencia de reportes sobre “la amplia complicidad” de las autoridades con los grupos dedicados al tráfico de humanos, las autorida- des mexicanas no reportaron durante 2016 ninguna investigación, enjuiciamiento o sentencia a funcionarios públicos cómplices de tráfico de personas.
También señala que no existe un reporte de algún servidor público sentenciado por este delito federal desde 2010, “a pesar de que en 2014 un empleado municipal de Oaxaca fue detenido por tráfico de humanos.
Otra de las causas de la disminución de las denuncias de violaciones a la Ley de Migración que se identifica en el reporte, es la desconfianza que tienen las víctimas hacia las autoridades mexicanas, y las sospechas de contubernio entre ellos con las bandas de traficantes de personas para permitir este delito.
El Heraldo de México buscó a las autoridades mexicanas tanto de PGR como cancillería para conocer su versión sobre este informe, pero al término de esta edición ninguna de las dos dio respuesta.
Por Luis Alonso Pérez