La omisión del DIF de la Ciudad de México y Casa Alianza para actuar con inmediatez tras la desaparición de una menor de edad el pasado 8 de junio, no puede quedarse en la impunidad, advirtió Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
En entrevista con El Heraldo de México refirió que deberán existir sanciones compartidas, dado que hubo diferentes negligencias por parte de la autoridad e institución en el caso de Cristina, una joven de 16 años que estaba bajo el resguardo del DIF capitalino, y que desde hace más de un mes no ha sido encontrada.
“Este caso muestra con mucha claridad los grandes vacíos que tiene el Estado mexicano en su conjunto para garantizar temas de protección, y lo más rápido es responsabilizar a la menor argumentando que ella decidió escapar del albergue. Esa respuesta no se puede aceptar de la autoridad porque la están revictimizando”, dijo.
Detalló que el hecho de que Casa Alianza informara cuatro días después al DIF, y éste a su vez avisara siete días posteriores a la familia de la menor es “peligroso”, porque pusieron en riesgo su integridad y violentaron su derecho a la protección.
En entrevista con El Heraldo de México refirió que deberán existir sanciones compartidas, dado que hubo diferentes negligencias por parte de la autoridad e institución en el caso de Cristina, una joven de 16 años que estaba bajo el resguardo del DIF capitalino, y que desde hace más de un mes no ha sido encontrada.
“Este caso muestra con mucha claridad los grandes vacíos que tiene el Estado mexicano en su conjunto para garantizar temas de protección, y lo más rápido es responsabilizar a la menor argumentando que ella decidió escapar del albergue. Esa respuesta no se puede aceptar de la autoridad porque la están revictimizando”, dijo.
Detalló que el hecho de que Casa Alianza informara cuatro días después al DIF, y éste a su vez avisara siete días posteriores a la familia de la menor es “peligroso”, porque pusieron en riesgo su integridad y violentaron su derecho a la protección.
“Las instituciones están obligadas a hacer un reporte inmediato, si ella no llegaba a las 9 de la noche, a las 11 deberían mandar un correo electrónico preventivo al DIF, y si no llegaba a dormir se desarrollaba un protocolo de búsqueda en los entornos familiares. Había un antecedente de que la niña se había ido de su casa y eso fue una falla de la institución”, agregó.
El Heraldo de México dio a conocer que el 8 de junio Cristina no regresó a la casa hogar donde vivía desde hace seis meses, pese a ello, el DIF dio aviso a la familia seis días después. La menor estaba bajo resguardo del DIF luego de que su madre interpusiera una denuncia por corrupción de menores contra un hombre de 36 años que la había llevado con él. La PGJ determinó improcedente por falta de pruebas.
Por Ricardo Ortiz.