Antony es un menor que con apenas cuatro años de edad se ha convertido en el nuevo caso de tortura que indigna en la Ciudad de México.
El menor fue rescatado esta semana de una casa de la colonia Gabriel Hernández, en la Delegación Gustavo A. Madero, donde permanecía desnudo, encadenado, con cinta canela en el cuello, y con diversas señas de maltrato, como golpes y quemaduras de cigarro, así como un nivel de desnutrición.
Las autoridades arrestaron a dos personas, una mujer de 32 años y un hombre de 33, quienes dijeron ser tíos paternos del menor, y estaban en el lugar al momento del operativo.
EL RESCATE
La pista clave para rescatar al pequeño fue una carta anónima que le fue entregada en un evento público al Jefe Delegacional de la GAM, Víctor Hugo Lobo, en la que se alertaba de que en la vivienda se encontraba un niño secuestrado. Los policías ministeriales realizaron un operativo y, aunque sus tíos le taparon la boca, pudieron localizarlo gracias a que otro niño, vecino del lugar, les señaló donde se encontraba: un cuarto a desnivel de la vivienda.
NACIONALIDAD
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya solicitó el apoyo de la embajada estadounidense para determinar la ciudadanía del menor, ya que se tienen datos que indican que podría ser ciudadano estadounidense, ya que su mamá es dicho país. La embajada estadounidense no ha hecho comentarios al respecto. Autoridades señalaron que solo se tiene una copia de la constancia de nacimiento para comprobar la identidad del menor y que los acusados se han reservado su derecho a declarar.CONDICIONES DE ACUSADO Y VÍCTIMA
El menor estaba inscrito a un jardín de niños, pero hacía poco más de dos meses que no asistía.
Por gestiones de la delegación Gustavo A. Madero, el menor se encuentra en un hospital privado donde se evalúa su estado de salud y se le brinda tratamiento por varias lesiones.
Dentro del diagnóstico de su mal estado se detectó desnutrición y deshidratación importantes, cráneo y tórax con golpes, lesiones en espalda, heridas en extremidades superiores e inferiores y en genitales.
En tanto, los familiares fueron presentados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, y podrían pasar hasta 60 años en prisión por el delito de privación ilegal de la libertad con fines de causar daño.
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