El gobierno de Quintana Roo encabezado por Roberto Borge desvió dinero que había retenido a burócratas por concepto de pago de impuestos y de créditos que estos trabajadores habían obtenido para comprar casas, autos o electrodomésticos y que les serían cobrados vía nómina.
Esta situación tiene a muchos trabajadores en el Buró de Crédito, aunque los adeudos no sean su responsabilidad y al gobierno le ha ocasionado pago de multas y recargos.
Rafael Antonio del Pozo, secretario de la Gestión Pública del estado, consideró que las investigaciones sobre este caso pueden derivar en responsabilidades penales, incluso, para los titulares de las dependencias que desviaron los recursos.
“No puedo afirmar que ese dinero se haya desviado hacia algún partido, lo que puedo decir es que se retuvieron esas cantidades y no se pagaron a quienes se tenían que pagar”, aseguró en entrevista con El Heraldo de México.
También aseguró que se encuentran en proceso de cuantificar el monto del dinero desaparecido en la administración de Borge, detenido la noche del pasado 4 de junio, en Panamá. Entre las dependencias involucradas en las retenciones desaparecidas se encuentra la Secretaría de Finanzas, el DIF, el área de Servicios Educativos, entre otras.
Rafael Antonio del Pozo, secretario de la Gestión Pública del estado, consideró que las investigaciones sobre este caso pueden derivar en responsabilidades penales, incluso, para los titulares de las dependencias que desviaron los recursos.
“No puedo afirmar que ese dinero se haya desviado hacia algún partido, lo que puedo decir es que se retuvieron esas cantidades y no se pagaron a quienes se tenían que pagar”, aseguró en entrevista con El Heraldo de México.
También aseguró que se encuentran en proceso de cuantificar el monto del dinero desaparecido en la administración de Borge, detenido la noche del pasado 4 de junio, en Panamá. Entre las dependencias involucradas en las retenciones desaparecidas se encuentra la Secretaría de Finanzas, el DIF, el área de Servicios Educativos, entre otras.
“Este no es un asunto que venga de ayer, no fue necesario que existiera una denuncia, es un alarido lo que había desde hace años.
"Estas retenciones, en algunos casos, tienen por lo menos tres o cuatro años que se hicieron y que no se entregaron”, explicó el funcionario.
Desde su punto de vista, las responsabilidades contra servidores públicos del gobierno de Roberto Borge deben deslindarse por la vía penal.
“Considero personalmente que se trata de un tema que es de naturaleza penal, particularmente tratándose de contribuciones que fueron distraídas en otros objetos.
"Hay algunas cosas que no puedo decir, pero existe un daño patrimonial causado a la hacienda pública. Independiente de las responsabilidades administrativas, se pueden configurar también delitos de naturaleza penal”, indicó.
Los titulares de las dependencias que desviaron los recursos serían responsables, a menos que hubiera alguna orden expresa de su parte para regularizar los pagos.
En el caso de los impuestos no pagados, explicó Del Pozo, lo procedente es negociar con las autoridades federales acuerdos para la cancelación de los recargos; en el de los créditos, buscar convenios con las empresas para poder liquidar los adeudos y que los trabajadores recuperen su capacidad crediticia.
El funcionario aclaró que la intención del gobierno de Quintana Roo es que quienes desviaron los recursos los regresen.
“La finalidad (de quienes desviaron los recursos) era hacerse ricos.
"Si el Estado mexicano no logra establecer mecanismos reales que rompan este círculo vicioso que hace que los responsables estén dos o tres años en la cárcel y luego salgan sin regresar el dinero, tendremos deficiencias estructurales muy importantes”, concluyó.
Por Nayeli Cortés