Las presuntas acciones de espionaje a tres investigadores y defensores de la salud por parte de oficinas gubernamentales provocaron que 10 organizaciones ciudadanas rompieran su participación en la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA).
El colectivo Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto de México (NOSC), decidió retirarse del Secretariado Técnico Tripartita (STT), ante lo que consideran “un clima de desconfianza, de amenaza y percepción de inseguridad entre la sociedad civil”.
El STT es un espacio para la toma de decisiones y creación de políticas públicas relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales conformado entre la sociedad civil, el Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Las presuntas acciones de espionaje fueron documentadas por Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, Canadá, el cual publicó un informe que revelaba cómo, en 2016, los teléfonos de tres promotores del impuesto a refrescos fueron intervenidos presuntamente por el gobierno sin una orden judicial.
Se detallaba cómo Simón Barquera, Luis Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo, recibieron mensajes falsos de texto con ligas que permitían la instalación del software de espionaje digital “Pegasus”, desarrollado por la firma israelí NSO Group.
Aunque el reporte aclara que no es posible identificar a responsables, los códigos NSO sólo pueden ser comprados por gobiernos nacionales, “por lo tanto, sólo el gobierno de México pudo haber tenido acceso a los productos de NSO en ese momento”, señala el documento.
Ante esta situación, la Secretaría de la Función Pública reiteró su compromiso con las libertades personales y la protección de la privacidad de las personas. En tanto el INAI reprobó estas acciones y reiteró su compromiso de continuar con la consolidación de la Alianza para el Gobierno Abierto en México.
Los teléfonos fueron intervenidos de la siguiente manera