El Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas pidió al Estado mexicano liberar a dos hombres que fueron detenidos arbitrariamente y que se encuentran presos desde hace 15 años en espera de sentencia.
Se trata de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes en 2012 fueron detenidos sin orden judicial y arraigados, además fueron torturados.
Ambos están acusados del homicidio de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamez.
El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería la liberación inmediata de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, así como la satisfacción del derecho a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, indica el documento de Naciones Unidas.Los acusados pidieron apoyo internacional bajo el argumento de que fueron detenidos sin orden de aprehensión y que los años de prisión preventiva violan el plazo razonable. Simón Hernández, abogado de García, y quien ha acompañado este procedimiento ante Naciones Unidas, señaló que las autoridades mexicanas respondieron que la prisión preventiva se ha alargado porque el procesado ha interpuesto diversos recursos jurídicos como amparos. Sin embargo, criticó, estos han tardado en resolverse, pues por ejemplo, el auto de formal prisión llevó cinco años a las autoridades judiciales, aunado a las irregularidades durante la detención, como la tortura. El caso también llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado 25 de mayo emitió un informe de admisibilidad de la petición. Aribel García, hija de Daniel, señaló que las autoridades tienen seis meses para informar sobre medidas de seguimiento a las recomendaciones. “La prisión preventiva no es más que un castigo anticipado adelantado de quien debe considerarse inocente hasta en tanto no se demuestre lo contrario”, dijo. El 43.4 por ciento de las personas que se encuentran en las cárceles mexicanas en espera de sentencia han permanecido en reclusión más de dos años, de acuerdo con el INEGI. POR DIANA MARTÍNEZ