Cuatro niños de 11, 14 y 15 años de edad, fueron desaparecidos y encontrados calcinados y con signos de tortura, toda vez que habían sido detenidos por militares en Ecuador tras haber sido señalados por los castrense de haber cometido un robo.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles 22 de enero "la desaparición y posterior asesinato e incineración" de un niño y tres adolescentes, mientras pidió que se "aclare la posible responsabilidad" de militares en los hechos, indicó citado por AFP.
"El Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar": CIDH.
Los menores, entre ellos dos hermanos, fueron detenidos por una patrulla militar el 8 de diciembre por un supuesto robo. Después, desaparecieron. Sus cuerpos "calcinados y con signos de tortura" fueron encontrados el 24 de diciembre cerca de una base de la Fuerza Aérea en la localidad de Taura.
Van 16 militares detenidos por la muerte de los niños
La zona de Taura es una de las principales ciudades golpeadas por la violencia del narcotráfico en el país sudamericano donde fueron ubicados los cuerpos de los menores, caso en el que están involucrados 16 militares que están en prisión preventiva acusados inicialmente del delito de desaparición forzada, castigado con hasta 26 años de cárcel.
Pero el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo advirtió que llegará hasta "las últimas consecuencias para que se sancione" a la jueza que declaró la desaparición forzada.
La CIDH "expresa su preocupación" por las declaraciones del ministro por estimar que "pueden amenazar la independencia judicial e inhibir la labor de defensa de derechos humanos", en un contexto de "clamor social de justicia".
Este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) considera además que la jueza concedió el hábeas corpus como "medida destinada a la búsqueda urgente de los desaparecidos".
Por último recuerda que "el mantenimiento del orden público" debe estar reservado "a los cuerpos policiales civiles, pues las Fuerzas Armadas reciben entrenamientos dirigidos a 'derrotar al enemigo', y no a la protección y control de civiles".
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