Donald Trump anunció su ambición de llevar a cabo una campaña de deportación masiva “a la velocidad de la luz” al llegar a la Casa Blanca. Según Stephen Miller, principal asesor del expresidente, esta iniciativa comenzará inmediatamente, tras su juramentación en dos días.
Acorde a un artículo de The Washington Post, las comunidades inmigrantes, las empresas y los defensores de los derechos humanos ya han encendido las alarmas ante lo que podría ser un nuevo capítulo de represión y expulsiones.
Los llamados “soñadores”, beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) implementado en la era Obama, podrían seguir siendo una prioridad menor. Sin embargo, su futuro depende de las políticas específicas que Trump decida aplicar en esta nueva etapa.
Históricamente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha enfocado sus esfuerzos en inmigrantes con antecedentes penales. Sin embargo, el panorama podría cambiar bajo un nuevo mandato de Trump
En su primer mandato, Trump prometió deportar entre 2 y 3 millones de inmigrantes rápidamente. Aunque sus planes se quedaron cortos, con alrededor de 1.5 millones de deportaciones en cuatro años, las amenazas y redadas dejaron una huella profunda en las comunidades inmigrantes, generando miedo y fragmentación familiar.
En entrevistas recientes, Trump ha expresado su deseo de expulsar a todos los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, aunque no ha especificado un objetivo numérico. Esta retórica incrementa la incertidumbre entre los migrantes y encendió debates sobre las implicaciones económicas de una medida tan radical.
Si bien las intenciones de Trump son claras, los obstáculos logísticos y financieros para implementar una deportación masiva a gran escala son considerables. Aumentar la capacidad de detención, procesar casos legales y coordinar expulsiones requeriría recursos significativos y personal especializado que el ICE actualmente no posee.
Además, las deportaciones masivas podrían generar un impacto negativo en la economía estadounidense, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante. Las empresas han expresado su preocupación por la posibilidad de perder trabajadores esenciales, lo que podría agravar los problemas de la cadena de suministro y elevar los costos laborales.
Por ahora, las comunidades inmigrantes y los defensores de los derechos humanos observan con preocupación y se preparan para enfrentar lo que podría ser una de las políticas más represivas en la historia moderna de Estados Unidos.
PLAN TRUMP A DETALLE
- Kristi Noem, nominada para dirigir Seguridad Nacional, tiene planeado revivir el Quédate en México y quitar el CBP One.
- 600 Mil migrantes con antecedentes criminales, los primeros
- 88 MMDD al mes sería el costo del plan.
- 1 millón de personas al año se estima serán deportadas.
- 111 millones de extranjeros viven de forma irregular en E
MAAZ
