A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua, el país se enfrenta a la represión, diversas violaciones a los derechos humanos y arrestos injustificados, entre ellos, el del aspirante a la presidencia, Miguel Mora. Todos estos realizados por el Gobierno encabezado por Daniel Ortega.
Ortega lleva en el poder desde 2006 y busca llegar a su tercera reelección para un quinto mandato presidencial.
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En estos años se han aprobado nuevas leyes y cambios en la Constitución que ahora facilitan que el Frente conserve el poder.
Por lo que se cree que las próximas elecciones están condicionadas por esa ruta llevada a cabo en el Parlamento en los últimos 10 años.
El país esta siendo "golpeado" por una crisis política que inició con protestas sociales desde 2018, a lo que la actual administración se ha referido con un "fallido golpe de Estado".
¿Qué es lo que se sabe hasta ahora?
En abril de 2018 diversas manifestaciones, sofocadas por la violencia de policías, dejaron un saldo de 328 muertos, más de 2 mil heridos, cientos de detenidos y 100 mil emigrados, según arrojan datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La violencia anti-Gobierno deriva del plan de Ortega para aumentar las contribuciones a la seguridad social y recortar beneficios.
En aquel entonces, la Policía Nacional prohibió las protestas a finales de octubre de ese año, por lo que mayoría de los líderes de las manifestaciones están siendo procesados por terrorismo, escondidos o fuera del país.
Ley 1055
En días recientes, el periodista Miguel Mora fue el quinto opositor detenido en Nicaragua.
Desde el 2 de junio, la policía de Ortega ha privado de la libertad a la periodista Cristina Chamorro, quien permanece bajo arresto domiciliario, el ex diplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro.
Asimismo, las autoridades también han arrestado a decenas de personas consideradas opositoras basándose en una ley antiterrorista de dos artículos aprobada en diciembre.
La controversial ley 1055
Aprobada en diciembre de 2020 por la Asamblea Nacional, la ley busca la supuesta "defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz" y ha sido utilizada principalmente para detener a diferentes opositores al gobierno de Daniel Ortega.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) ha comparado la actual situación actual en Nicaragua con el régimen de Alberto Fujimori en Perú (1990- 2000), de acuerdo con la agencia EFE.
A la vez, en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, 59 países firmaron una declaración conjunta en la que condenaron la violación a los derechos humanos.
México y Argentina no firmaron el documento.
El Gobierno mexicano anunció que instruyó a Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, embajador de México en Nicaragua, a trasladarse a su capital para realizar consultas sobre las "preocupantes" acciones políticas realizadas por el gobierno de Daniel Ortega.
Por su parte la OEA ha condenado las detenciones, consideradas arbitrarias.
Hostigamiento al gremio de la salud
El médico nicaragüense José Luis Borgen acusó el martes al régimen de Daniel Ortega de "Intimidar" a miembros del gremio de salud que han cuestionado el manejo de la pandemia mediante citatorios ante la Fiscalía.
Borgen fue llamado a declarar ante el Ministerio Público días después de que la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, cuestionara a quienes llamó "falsos médicos", que han dado "falsos pronósticos y falsas encuestas" sobre la pandemia.
"Pensamos que esta es una labor de intimidación, igual que se está haciendo con periodistas", dijo el urólogo. "Ya se había anunciado por parte de personeros del gobierno que ahora les toca a los médicos", añadió en alusión a los más de 30 comunicadores citados a declarar por la Fiscalía desde el mes pasado.
Borgen fue despedido de un hospital público capitalino en agosto de 2018, junto con otros de sus colegas, tras haber atendido a estudiantes heridos durante las protestas que estallaron en abril de aquel año, desacatando así una supuesta orden del Ministerio de Salud de rechazar a los manifestantes lesionados.
Desde entonces, Borgen y otros de sus colegas han denunciado "asedio y acoso" de la policía frente a sus residencias y en la sede de la Unidad Médica Nicaragüense (UNM), que cerró su local el 23 de junio debido a amenazas, según anunciaron directivos.
con información de agencias
EFVE