En el marco de las campañas de la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial, este martes 15 de abril se llevó acabo una mesa de análisis en el programa el Referente de la Noche con Javier Solórzano, en el cual estuvieron como invitados, la candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ingrid Tapia y el candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Jaime Santana.
En su intervención, Ingrid Tapia, lanzó una crítica al nuevo modelo de elección judicial impulsado por la reforma constitucional. Tapia advierte que el proceso carece de transparencia, impide el acceso real a la información de los aspirantes y pone en riesgo la función judicial en México.
"La elección será meramente imperfecta desde su origen", afirma Tapia, quien cuenta con casi 30 años de experiencia en materia electoral. A su juicio, el mayor problema del nuevo mecanismo radica en que no se garantiza al votante información suficiente ni confiable sobre los más de tres mil candidatos que podrán ser seleccionados para ocupar cargos judiciales. "Pensar que lo relevante para el cargo es únicamente la trayectoria académica es un error gravísimo", asegura.
La justicia está en riesgo y el proceso de selección es una simulación
Tapia cuestiona que se haya eliminado el rol tradicional del Presidente y del Senado en el nombramiento de ministros —modelo que comparten países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido— sin replicar sus mecanismos de evaluación rigurosa. "A nosotros se nos olvidó el paso más importante: la investigación exhaustiva previa. En Estados Unidos, lo hace el FBI; en Inglaterra, un comité especializado. Aquí no hay nada de eso".
En su visión, la Corte mexicana no vive en una “caja de cristal”, como se pretende hacer creer. "Es más bien una caja de cartón... negra, opaca", ironiza. La falta de claridad en el diseño del proceso, dice, ha sido intencional: "Las reglas están dolosamente diseñadas para que la población no tenga acceso real a la información de los aspirantes".
Además, critica la imposibilidad de los candidatos de hacer campaña, pautar en medios o difundir sus propuestas en redes sociales. "Es una simulación similar a la que se hizo con las candidaturas independientes: se acepta la figura en papel, pero se le impone una regulación más estricta que a los partidos", señala.
Sobre los ejercicios de evaluación organizados por instituciones como el ITAM, la UNAM o el IPADE, Tapia los reconoce como esfuerzos valiosos de la sociedad civil, aunque advierte que no reemplazan el análisis profundo que debería realizar el Estado.
Para la abogada, lo que está verdaderamente en juego es la integridad de la justicia. "El 81% de los ciudadanos terminará en algún momento frente a un juzgado. Y ahí se discute la libertad, el patrimonio, la vida. ¿Qué tipo de persona queremos que nos juzgue?", se pregunta.
En su opinión, el proceso actual facilita la entrada de perfiles no idóneos e incluso de personas sin vocación judicial. “No puedes esperar justicia de un agresor o de un payaso. La idoneidad se mide con parámetros objetivos, con exámenes de confianza, no de suerte ni de títulos”.
El proceso para elegir magistrados es sui géneris, pero la ciudadanía merece certeza
Por su parte, Jaime Santana,destacó el inédito proceso electoral mediante el cual se elegirán a los nuevos integrantes de este órgano, subrayando la necesidad de brindar certeza jurídica tanto a los participantes como a la ciudadanía.
“Es un proceso que nunca se ha hecho antes, y eso genera incertidumbre jurídica. Las reglas mínimas apenas se están estableciendo y los propios legisladores han impuesto límites sobre cómo debe interpretarse la normativa”, explicó Santana. A diferencia de las campañas políticas tradicionales, este proceso, considera, es “sui generis”, lo que demanda una constante reinterpretación y definición legal en tiempo real.
Para el aspirante, es fundamental que la ciudadanía esté informada y pueda seguir los pormenores del proceso conforme avanza. “El derecho no es estático. Estamos frente a un ejercicio inédito y la gente debe tener claro cómo se está llevando”, afirmó.
En cuanto a las críticas que ha recibido el Poder Judicial, especialmente en años recientes, Santana reconoce que existe una percepción de corrupción que, a su juicio, ha sido exagerada. “Yo tengo 30 años en el Poder Judicial y nunca he sufrido un ataque de corrupción o presión. Creo que la gran mayoría de quienes laboran en este poder actúan con integridad”, sostiene. Agregó que es común que quien pierde un juicio cuestione la imparcialidad del juzgador, lo que alimenta esta percepción.
Santana también mencionó los desafíos que enfrentan los jueces en términos de carga laboral: “Resolvemos alrededor de 45 asuntos a la semana, muchos de ellos con una complejidad tremenda. Hace poco tuvimos que atender un caso con más de 131 mil páginas. No es solo lectura, es análisis, sensibilidad jurídica”.
Respecto al uso de plataformas como “Conóceles” para informar a la ciudadanía sobre los candidatos, Santana defiende su utilidad: “Es un buen primer paso. Yo parto de un principio de buena fe: presento lo que quiero que se conozca. Y quien quiera saber más, puede consultar mi 3 de 3, hacerlo público”.
Finalmente, al ser cuestionado sobre su motivación para buscar una posición en el Tribunal de Disciplina, pese a que el proceso electoral puede no premiar al más idóneo, Santana fue claro: “La Constitución marca que así debe ser. Este modelo puede ser cuestionado, pero es la realidad que nos toca y tenemos que asumirla con responsabilidad”.
Con un tono reflexivo, el candidato concluye que la ciudadanía debe recuperar la confianza en sus jueces: “Cuando se desconfía del Poder Judicial, no hay armonía social. Tenemos que garantizar que nuestras decisiones sean justas, claras y transparentes, porque eso es lo que verdaderamente construye legitimidad”.
Este proceso electoral sin precedentes no solo pone a prueba la institucionalidad, sino también la disposición de los ciudadanos a informarse y participar activamente en la conformación de su sistema de justicia.
