La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) bateó la petición del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para suspender las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la etapa electoral, pues aseguró que es una medida desproporcionada para un ejercicio legal de rendición de cuentas.
En sesión privadas, donde se decidió bajar siete conferencias de prensa mañaneras porque López Obrador habló a favor de su movimiento y contra la oposición, la consejera Claudia Zavala propuso un punto por el cual se responde que por el momento es improcedente la solicitud del PRD para suspender o prohibir las conferencias de prensa del Ejecutivo Federal, porque en estas trata temas de interés público para los ciudadanos.
Esa pretensión no puede ser atendida porque el ejercicio de conferencias matutinas cumple una doble función, el de propaganda gubernamental y un ejercicio de rendición de cuentas.
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Bajan siete conferencias
Sin embargo, la Comisión de Quejas sí resolvió bajar siete conferencias de prensa mañaneras en las que el presidente López Obrador realiza expresiones a favor del movimiento que encabeza (Morena) y en contra del PRI y PAN en etapa de precampaña y campaña, lo cual es ilegal.
Las conferencias de prensa que debe eliminar la Presidencia de la República son las del 2, 6, 7, 8 y 9 de febrero, así como las del 4 y 6 de marzo. Todas por propaganda gubernamental prohibida, pues el titular del Ejecutivo Federal hizo expresiones como que el movimiento que encabeza tiene el respaldo del pueblo y el PRIAN significan corrupción.
El INE indicó que el presidente López Obrador hizo propaganda electoral, uso de recursos públicos y faltó al deber de cuidado en sus expresiones. Al respecto, la consejera Claudia Zavala recordó:
Los servidores públicos deben de abstenerse de hacer posturas electorales. Son los partidos políticos los contendientes, no los gobiernos.
También aclaró que parte del debate público se ha centrado en señalar que el INE censura y no permite libertades, sobre todo de los servidores públicos, pero es la Constitución la que pone los límites.