La reciente orden judicial para eliminar escenas de Luis Miguel, la serie en respuesta a la denuncia de Issabela Camil por supuesta violación a su intimidad ha generado indignación, no solo por su impacto en la libertad creativa, sino por lo que revela sobre el influyentismo, el feminismo blanco y el mal uso de los recursos judiciales en México.
Mientras miles de víctimas de violencia de género esperan justicia, el caso de Camil avanzó con una rapidez inusual, no sólo en una sino en distintas causas. No es poco común que las familias conectadas al poder tengan una mayor celeridad en sus procesos judiciales, pero sí debería levantar más de una ceja en un movimiento que se dice transformador. En un país donde el 76% de los feminicidios quedan impunes, la respuesta inmediata del sistema judicial ante una disputa sobre una serie de televisión resulta indignante.
Este caso también expone un problema dentro del movimiento feminista: el feminismo elitista que prioriza los problemas de mujeres con acceso a poder e influencia mientras miles de mujeres indígenas, pobres y marginadas siguen sin protección. La Ley Olimpia se creó para combatir la violencia digital, no para censurar representaciones ficticias en beneficio de quienes tienen los recursos para mover los engranajes del sistema a su favor.
El caso Camil es un reflejo de cómo el sistema judicial responde cuando conviene. Mujeres que han denunciado abuso o desaparición de familiares enfrentan años de burocracia y negligencia, mientras que una solicitud de censura en el mundo del entretenimiento se resuelve en cuestión de días. Este uso desproporcionado de recursos judiciales deja claro que la justicia en México no es lenta, solo selectiva.
El influyentismo y el privilegio han vuelto a ganar en un país donde la justicia debería enfocarse en resolver crímenes que cuestan vidas, no en editar una serie de Netflix. Mientras tanto, las verdaderas víctimas de violencia siguen esperando que el sistema funcione para ellas, no solo para quienes tienen conexiones en el poder.