En México hay 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que realizan trabajo infantil, de acuerdo al último reporte del INEGI, por ello Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, indicó que para combatir este fenómeno es importante converger esfuerzos entre las autoridades de gobierno, la sociedad civil, empresarios, así como escuelas públicas y privadas para poner en la mesa el tema de la infancia.
“Yo creo que es un acuerdo convergente de las autoridades, la sociedad civil, los empresarios, las escuelas públicas y privadas, los medios de comunicación para que pongamos en primer lugar de la agenda pública de la próxima administración el tema de la infancia abriendo una mesa muy amplia, que sea una mesa ejecutiva de coordinación, que defina políticas públicas y defina intervención institucional para terminar con la impunidad”, reconoció Guerrero Chiprés.
En entrevista con El Heraldo de México, informó que de 2022 a la fecha, la institución ha recibido reportes de 343 menores que son víctimas del trabajo infantil, entre ellos, 51 por ciento son niños y 49 por ciento son niñas, asimismo manifestó que de esos 343 niñas y niños que trabajan, el 10.6 por ciento tienen edades de 4 a 6 años.
Guerrero Chiprés explicó que los datos que tienen expresan que los menores trabajan en los siguientes lugares: de manera ilegal en las calles, en negocios, puestos ambulantes, restaurantes, tiendas, centros comerciales, en la albañilería, taquerías y en bares.
Al cuestionarlo sobre las razones de este fenómeno, el presidente del Consejo sostuvo que la razón más grande es porque en muchas familias sólo hay una fuente de ingreso de dinero, lo que obliga a que los menores ingresen de manera temprana al mercado laboral.
“Segundo, hay muchos lugares donde se ha naturalizado históricamente el trabajo infantil. No se le ha censurado, no se le ha puesto en el contexto normativo que prohíbe el trabajo antes de los 14 años de edad en ciertas condiciones. También hay muchos casos, en muchas comunidades urbanas o rurales, donde hay una incorporación muy naturalizada y temprana al trabajo”, declaró.
Aunado a ello, Salvador Guerrero hizo hincapié en que a través del Consejo Ciudadano se ofrece ayuda emocional y jurídica, es decir, que las personas que denuncian este delito a través de la institución que encabeza, son orientadas para iniciar los procesos con las dependencias correctas.
“Trabajamos con las procuradurías del DIF, que están a nivel nacional, con el propio DIF local. También ayudamos conectando con las fiscalías locales, con la policía, con autoridades que tienen que ver con la prestación de algún tipo de servicio porque a veces puede estar asociado, por ejemplo, el tema de adicciones, ya sea de la familia o sea de los propios niños, entonces conectamos cada caso con las instituciones y también acompañamos al ministerio público”, manifestó.
Por Fernanda García.
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