SCJN

Surgen dudas en los gastos del PJF

Los recursos no son sólo para los 11 ministros, precisa.

EDICIÓN IMPRESA

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Créditos: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación defendió los gastos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que derivaron en que se solicitaran 84 mil 792.4 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2024.

El máximo tribunal precisó que el servicio de alimentación en comedores no es exclusivo para los once ministros, pues beneficia a tres mil 700 personas que pagan una cuota de recuperación.

Además señaló que esta prestación no es única del PJF, ya que diversas dependencias del Ejecutivo Federal, organismo autónomos y el Poder Legislativo consideran ese gasto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024 y en otros casos se contrata a través de terceros.

“Los utensilios que se adquieren a través de la partida 22301 son para tres comedores que dan servicio a todo el personal del PJF, no son exclusivamente para las 11 ministras y ministros integrantes del Pleno de La Corte.

“En esta partida se incluyen algunos insumos que es preciso reemplazar constantemente como vajillas, cubiertos, baterías de cocina, licuadoras, tostadoras, cafeteras, batidoras, vasos, entre otros”, indicó.

Sobre el gasto en seguridad, explicó que los “servicios de vigilancia” se utilizan en todo el PJF para garantizar la integridad del personal, de los usuarios y para proteger edificios.

Lo que se pide en este rubro es para contratar esos servicios para más de 930 órganos jurisdiccionales, entre estos los centros de justicia penal federal, así como para la seguridad personal de juzgadores encargados de temas sensibles.

“En la Ciudad de México, los únicos servicios de vigilancia que se tienen contratados, tanto por la Suprema Corte como por el Consejo de la Judicatura Federal, son la Policía Auxiliar de la CDMX, el Servicio de Protección Federal y, en algunos casos específicos en órganos jurisdiccionales, con la Guardia Nacional”, detalló.

En las entidades en las que estas autoridades no ofrecen el servicio, se contratan policías estatales o empresas privadas.

Por Diana Martínez.

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