La detención y vinculación a proceso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, abre más la grieta entre la ríspida relación de algunos ejecutivos estatales con los titulares de esas instituciones judiciales, con cargos transexenales.
Además de Morelos, actualmente los gobernadores de Tamaulipas y Nuevo León han tenido diferencias con los titulares de sus fiscalías, pues quienes ostentan el cargo son parte de sexenios anteriores.
También se suma el caso del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, quien no tiene conflicto con el gobernador, pero ha sido señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de ser presuntamente impuesto por quienes ostentan el poder real en la entidad.
Otros tres fiscales y un procurador renunciaron al cargo con el cambio del poder Ejecutivo, con lo que se evitó un probable enfrentamiento como ha ocurrido en los otros casos. Se trata de Oaxaca, Sonora, Quintana Roo e Hidalgo.
Antes de Carmona, el primer caso de una detención en el actual sexenio fue con el ex fiscal de Veracruz; en reiteradas ocasiones el gobernador Cuitláhuac García acusó a Jorge Winckler –a quien le quitaron el fuero– de secuestrar y torturar a su antecesor Luis Ángel Bravo, también detenido.
En Nuevo León, el gobernador Samuel García pidió el desafuero del fiscal sustituto, Pedro Arce, ante el Congreso de la Unión, a quien acusa de mantener una persecución política en su contra, al ser cercano al PRI.
En el caso de Irving Barrios, fiscal de Tamaulipas, desde antes del inicio de la administración de Américo Villarreal se ha buscado su destitución, por la cercanía con el mandatario anterior, quien en su último año de gobierno consiguió una reforma para que Barrios permanezca en el cargo hasta 2025.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) aseguró que las fiscalías estatales investigan a personas de rango bajo o medio, al utilizar sus puestos para obtener beneficios personales.
Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA, indicó que las fiscalías requieren de voluntad política, autonomía, capacidad y mecanismos de rendición de cuentas para poder avanzar en la persecución de los delitos.
CARGO A RATIFICAR
- En el caso de E. Godoy, se busca la ratificación por 4 años.
- El Congreso de la CDMX inició el proceso del caso.
- Se creó un consejo ciudadano para la ampliación.
- 9 fiscales, en disputa.
EL CASO EN CUESTIÓN
- 2022. Asesinan a Ariadna y abandonan su cuerpo en Morelos.
- 27 años tenía la joven
LSN