El Colegio Mexicano de Medicina General, asociaciones, colegios, federaciones y sociedades médicas de todo el país rechazaron la criminalización del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del personal de salud, ante la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia.
“Nos manifestamos y reclamamos nuestra autonomía y libertad como profesionales de la salud y exigimos, además, el derecho que nos corresponde a la objeción de conciencia y que se nos permita ejercer nuestros derechos, así como el libre ejercicio profesional”, aseguró Luis Francisco Molina Jaimes, presidente del Colegio Mexicano de Medicina General, en conferencia de prensa.
El ex secretario de Salud, José Narro, se sumó al rechazo y aseguró que existe el riesgo de que los profesionales de la salud enfrenten problemas laborales, incluso denuncias de orden penal, por lo que es importante que el Senado dialogue con el gremio.
“Lo que no queremos es que se persiga a los médicos, es que se persiga al personal de enfermería, es que se les señale, es que se le inculpe cuando no se le dan todos los elementos para que cumpla con su tarea como debe de hacerse”, enfatizó.
La objeción de conciencia permite a los profesionales de la salud excusarse de realizar un acto médico legal por convicciones religiosas o éticas.
De ser aprobada la reforma a la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia en el Senado, se afectaría a más de un millón de profesionales de la salud, advirtió el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.
Uno de los casos en que se puede señalar la objeción de conciencia, según detalló la bioeticista Rosario Laris, es cuando una persona con índice de masa corporal bajo y con poco peso, busca que se le practique un tratamiento quirúrgico como el bypass gástrico, pero el médico no lo quiere realizar porque puede afectar la salud y la vida del paciente.
La iniciativa aprobada permitiría elaborar un registro de objetores de conciencia para tener identificados a quienes han pedido no participar en procedimientos médicos que vulneren sus convicciones personales.
Por Diana Martínez
EEZ