El conflicto por la ratificación del contrato laboral de los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato y la empresa creció nuevamente a días de llevarse a cabo la consulta.
Esta vez, trabajadores de la empresa emitieron un comunicado bajo anonimato por temor a represalias acusando que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), envió a la planta a un inspector con antecedentes penales.
Citan a Luis Armando N., alias “El Güero”, quien realiza actos de intimidación presionando a los trabajadores para que voten en la consulta por la no ratificación que, legitima el contrato colectivo, el próximo 17 y 18 de agosto en la consulta, de acuerdo con trabajadores de la planta.
La Secretaría de Trabajo fue buscada para dar una respuesta inmediata ante esta acusación, sin embargo, su personal de comunicación aseguró que la información no está sustentada y hasta entonces van a dar su postura.
Dicho funcionario acusado por trabajadores también es señalado por trabajadores de la empresa por amenazarlos a que voten por la “no ratificación” del Contrato Colectivo de Trabajo cuya titularidad pertenece al sindicato de CTM, Miguel Trujillo López, según el informe.
Los trabajadores aseguran que este es un acto de intromisión del gobierno federal para descarrilar la consulta y favorecer a sindicatos interesados en disputar la titularidad del contrato colectivo.
“Aquí lo cuestionable es que el gobierno federal, donde se habla de un supuesto combate a la corrupción como bandera, tenga servidores públicos con estos antecedentes y que los mande a esta planta a reventar, y amedrentar a los trabajadores”, apunta el informe, que no identifica a nadie.
El informe advierte de no solucionarse este conflicto, las líneas de producción, no solamente de Guanajuato sino también las de otros estados como: Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Jalisco, donde también se encuentran más empresas del sector automotriz, correrían el riesgo de cerrar y relocalizarse en otros países.
Es decir, más de 100 mil personas se dedican al sector automotriz, por citar sólo el caso de Guanajuato -de las cuales GM contribuye con más de 10 mil trabajadores- estarían en riesgo por lo que es necesario que el proceso de legitimación del Contrato Colectivo se pueda dar en óptimas condiciones y para asegurar fuentes de empleo, a través, de la participación libre y democrática de los trabajadores en cumplimiento de la nueva norma laboral.
Las acusaciones
Sin anexar documentación, los trabajadores aseguran que Luis Armando N. cuenta con antecedentes penales en el estado de Colima, y ha sido imputado por delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lesiones dolosas y daños.
La Secretaría de Seguridad Pública de Colima lo acusa de portación de un arma corta abastecida con cargador y varios cartuchos útiles, quien fue detenido en compañía de dos mujeres, según el documento.
Asimismo, derivado de la revisión que aplicaron en apego a los protocolos de actuación policial les aseguraron más de 450 mil pesos en efectivo y un vehículo sin placas de circulación.
“Resulta obvio y evidente que este sujeto, quien es empleado de confianza adscrito a la STPS en el estado de Colima, con un salario aproximado de 7 mil pesos, no pudo acreditar que el dinero en su poder era legítimo por lo que el dinero le fue incautaron durante su detención”, dice.