La toma de casetas ha generado entre enero y septiembre de 2020 una pérdida de tres mil 150 millones de pesos a los concesionarios de autopistas, de acuerdo con Marco Frías, director general de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial A.C.
En entrevista con El Heraldo de México, explicó que esta actividad ha crecido tanto que en nueve meses de este año se ha superado todo el daño económico reportado en 2019, cuando los operadores perdieron 3 mil millones de pesos.
“Hay una afectación a las finanzas públicas en términos de peajes no recibidos, impuestos y contraprestaciones no recabados. Estas personas explotan ilegalmente las vías de comunicación que son propiedad de la nación”, dijo.
Explicó que este “huachicoleo carretero”, se practica desde 2017, cuando sucedió el gasolinazo, luego en 2018, en el marco de las elecciones aumentó; para 2019 creció en diferentes entidades y 2020, en el marco de la pandemia, más organizaciones civiles han copiado esta operación.
“Hay una afectación en torno al Estado de Derecho que se relaciona con delitos graves en la Ley de Caminos, relacionados con lavado de dinero, afectación a usuarios, se socava la seguridad de operadores. En varias ocasiones han enviado a nuestro personal al hospital”, alertó.
Además, explicó que comenzó sólo como una protesta social donde se levantaban las plumas de las casetas, pero tiempo después comenzaron a extorsionar automovilistas.
El ejecutivo observa una mayor colaboración con el gobierno federal.
Por Everardo Martínez