Las medidas de austeridad del gobierno federal han dejado sin programas de apoyo al pequeño transportista para la renovación de camiones, en un país en el que un tercio del total de la flota, tienen más de 20 años de antigüedad.
La acción contrasta con la entrada en vigor de la normatividad (NOM 044 de Semarnat) que exige la producción y venta de vehículos pesados con motores más limpios al ambiente.
“El problema no se resuelve con poner las reglas, se deben considerar las condiciones del mercado, que ahora requiere de programas para la renovación de vehículos”, dijo Refugio Muñoz, Vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
De los 600 mil camiones que circulan en el país, 200 mil tienen más de 20 años y cambiar esas unidades viejas sin un programa de sustitución de unidades nos llevará más de 10 años”, señaló Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact).
Al menos por este año, el gobierno no ha considerado un programa de apoyo a la renovación de unidades obsoletas. “Sólo se podría implementar un programa, al diseñar un procedimiento que evite actos de corrupción como se dio en años anteriores”, dijo Salomón Elnecavé Korish, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) de la SCT.
Transportistas y fabricantes proponen una reforma legal que considere límites a la circulación de unidades viejas; la profesionalización del transportista y un estimulo fiscal que le sirva al transportista como enganche para comprar una unidad nueva o semi nueva y apoyo de la Banca de Desarrollo.
POR ENRIQUE TORRES