Siete años tardó Grupo México en informar a los habitantes de la comunidad de Bacanuchi, adyacente al río Sonora, en Sonora, que se encontraba trabajando en la ampliación de una presa para el almacenamiento de residuos de la mina de Buenavista del Cobre, la misma en la que derramaron 40 millones de litros de sustancias tóxicas el 6 de agosto de 2014.
El informe preventivo fue presentado a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2013, pero hasta este año, la comunidad fue enterada formalmente sobre los planes, gracias a un amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 42 miembros de la comunidad, que para el 2016 advirtió que se hacían trabajos en la zona.
De hecho, el pasado 5 de julio fue cuando se llevó a cabo la reunión pública de información en la que se dio a más de 200 miembros de la comunidad los detalles técnicos sobre el alcance de la ampliación de la presa de residuos mineros, que haría a Buenavista del Cobre la tercera mina de cobre más grande del mundo, y aumentaría a 2 mil 40 millones de metros cúbicos el almacenamiento de residuos mineros.
OTROS SUCESOS
Descargar contaminantes en el agua es sólo una de las muchas faltas que ha cometido Grupo México a lo largo de dos décadas, tiempo en el que el consorcio incurrió en al menos 120 infracciones federales en materia de medio ambiente, salud y seguridad, de acuerdo con la organización ciudadana Proyecto sobre Organización, Educación e Investigación (Poder, por sus siglas en inglés).
Para la organización, las fallas en el manejo de las sustancias tóxicas es una constante en el consorcio propiedad de Germán Larrea, la última conocida es la que ocurrió el pasado 9 de julio, cuando una de sus empresas, Metalúrgica de Cobre, derramó tres mil litros de ácido sulfúrico en el puerto que tiene en concesión en el Mar de Cortés, en Guaymas, Sonora.
Según Poder, la relación del corporativo con sus trabajadores no ha sido su fuerte. En los últimos 20 años enfrentó accidentes que han dejado muertos y heridos, además de huelgas por falta de pago y para exigir mejores condiciones de seguridad.
Por Ender Marcano y Antonio Bautista