Los gobiernos estatales del país mejoraron en transparencia fiscal durante 2019, tras tres años de retrocesos consecutivos, impulsados por el proceso postelectoral.
Los 29 estados que evalúa la consultoría Aregional registraron una evaluación promedio de 79.93 unidades, en una escala de cero a 100, según el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas.
Sin embargo, aún no logran alcanzar el máximo observado en 2015, de 81.21 unidades.
En 2016, 2017 y 2018 este índice arrojó un retroceso, destacó Flavia Rodríguez, directora de la firma, quien señalo que en los últimos años se observó que en el primer año de cambio de gobierno el indicador mejora porque las administraciones ponen más esfuerzo en combatir la opacidad fiscal.
“Lo que hemos visto es que en los procesos electorales se da este fenómeno de repunte”, expresó en conferencia de prensa.
Por ejemplo, de 2006 a 2007, el índice mejoró de 68.9 a 73.9 unidades, mientras que de 2012 a 2013 se registró un incremento de 70.8 a 74.6.
Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México y Tlaxcala reprobaron en esta evaluación, es decir, son opacos, mientras que el Estado de México, Querétaro y Sonora fueron los mejores evaluados.
Migración
El acuerdo migratorio que alcanzó México con Estados Unidos presionará las finanzas públicas del país, principalmente la de los estados más pobres, sentenció Rodríguez.
La especialista estimó que Chiapas será la primera entidad en recibir el impactó, un estado que se caracteriza por tener altos índices de pobreza, con más de 70 por ciento de su población en esa condición, explicó la especialista tras la presentación del Índice de Transparencia de la Información Fiscal de las Entidades Federativas.
“De dónde va a sacar Chiapas para el sustento de los migrantes si no tiene para alimentar a su gente, el estado tendrá el impacto más serio”, cuestionó.
La especialista indicó que Oaxaca, Guerrero, Morelos y Veracruz también se verán eventual expuestos, pero con un efecto adverso menor.
El gobierno federal acordó con la administración de Donald Trump poner mayores candados a la migración, además de recibir a este segmento de la población que busca la residencia legal en el país vecino. Por ello tendrá que incurrir en gastos como alimentación, salud y hasta oportunidades de empleo, lo que generará costos para las finanzas públicas.
Por Fernando Franco
gzm