La aparición de los huachicoleros en México provocó un aumento de 466 por ciento de derrames de hidrocarburos y productos químicos en ductos durante los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, con respecto a la administración de Felipe Calderón.
De 2013 a 2016 hubo más de cuatro mil 290 derrames de hidrocarburos y químicos, cuando en los primeros cuatro años de Calderón sólo se registraron 758 emergencias vinculadas a combustibles, reveló la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El 2016 fue el año donde más derrames de combustibles se 
dieron en la última década en el país, ya que hubo mil 822 emergencias, según el organismo encargado del cuidado y preservación del medio ambiente a nivel federal.
El 2016 fue el año donde más derrames de combustibles se dieron en la última década en el país, ya que hubo mil 822 emergencias, según el organismo encargado del cuidado y preservación del medio ambiente a nivel federal.
“Para tratar asuntos relacionados con los daños económicos y ambientales por fugas (derrames) de hidrocarburos registrados en 2016 son competencia de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA)”, afirmó Enrique S. Ortiz Espinosa, director de Emergencias Ambientales de Profepa.
Esto se debe a que con la publicación de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), el 11 de agosto de 2014, y con la entrada en funciones de la misma a partir del 2 de marzo de 2015, la Profepa carece de atribuciones para regular, supervisar y sancionar en materia de protección al medio ambiente las actividades del sector hidrocarburos, incluido el transporte de los energéticos por ducto.
Por ello, cita en su sitio web que los derrames por tomas clandestinas no es atribución de la Profepa.
Por su parte, la ASEA respondió, a través de un correo electrónico a este diario que "ha implementado desde su creación un plan específico que contempla la localización y geo-referenciación de los más de 60 mil kilómetros de ductos que existen en todo el país“.
Añadió que la concentración de esa información permite tener operativos permanentes, privilegiando las zonas con mayor concentración de incidentes, en coordinación con autoridades de todos los órganos de gobierno, comentó a El Heraldo de México.
La Agencia enfatizó que es obligación de la industria regulada de hacerse cargo del riesgo “creado por la actividad realizada y de los posibles daños que ésta provoque”.
El Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales (Coatea) de la Profepa, difundió que alrededor de 86 por ciento de dichos incidentes en 2016 correspondieron a derrames por tomas clandestinas ocurridas durante el transporte de las sustancias químicas por ductos.
PIDEN CUENTAS
María Lucero Saldaña Pérez, senadora del PRI, exigió a la ASEA identificar los riesgos provocados a la población y medio ambiente por la contaminación de las tomas clandestinas en los estados de mayor incidencia del robo de combustibles.
La legisladora poblana recuerda en un Punto de Acuerdo que Puebla, con el llamado Triángulo Rojo, así como Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa y Jalisco representan la mitad del robo de combustible del país.
Las tomas clandestinas ponen en riesgo la salud de la población y afectan la flora y fauna de dichas comunidades provocando un daño irreversible para el medio ambiente, manifiestó la también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República.
“El Punto de Acuerdo pretende atender a la población que ha estado expuesta a los contaminantes contenidos en los hidrocarburos, a causa de la extracción ilegal de los productos derivados del petróleo en comunidades”, destaca Saldaña.
En tanto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Pemex Logística dar un reporte detallado de las tomas clandestinas en las 32 entidades del país, de los últimos tres años.
Petróleos Mexicanos informó, que en lo que va del año, detectó tres mil 460 tomas clandestinas, la mayor parte se registaron en Guanajuato, por lo que la entidad superó a Puebla