México enfrenta importantes retos en materia de agua

México enfrenta importantes retos en materia de acceso y saneamiento de agua para que sea confiable, seguro y asequible para todos, advirtió el relator de Naciones Unidas sobre este tema, por lo que urgió al gobierno mexicano a ampliar y mejorar la situación en todo el país, incluyendo en comunidades marginadas e indígenas. En entrevista con El Heraldo de México, Léo Heller, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento, señaló que una proporción significativa de la población no recibe servicios a nivel de los estándares que indica la Constitución mexicana, que explícitamente reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, así como el marco internacional de los derechos humanos. El experto destacó que, aunque las estadísticas indican que el 94% de la población mexicana tiene acceso al agua potable y el 93% al saneamiento, estas cifras no se traducen en un acceso real a este recurso, puesto que son mucho más bajas de las presentadas oficialmente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el 70% de la población recibe agua durante menos de 12 horas al día, mientras que, en Filomeno Mata, Veracruz, el agua llega a las casas de sus habitantes solamente tres horas por mes.  Además, en ese municipio, más de 13 mil personas dependen de manantiales y tienen una planta de tratamiento de aguas residuales que no funciona debido al sistema de alcantarillado colapsado. “Un barrio marginado en la Ciudad de México depende del uso de burros para transportar agua mientras que otras comunidades de la Ciudad denunciaron que el agua en sus localidades es desviada para altos usos comerciales, residenciales y turísticos”, apuntó el experto. “Tienen que recorrer a fuentes inseguras, con baja calidad, dependen de manantiales. Hay una brecha muy importante entre la presencia de infraestructura y un buen servicio adecuado para la gente”, lamentó Heller. En Chiapas, agregó, existen 194 plantas de tratamiento de aguas residuales, pero sólo 12 funcionan. Apuntó que el recorte presupuestal del 37% para los servicios de agua y saneamiento en 2017 "tendrán un potencial efecto dramático en la progresiva realización de los derechos humanos al agua y saneamiento en el corto y mediano plazo". El relator señaló que durante su estancia en México pudo notar varios casos de empresas que están impactando la disponibilidad y la calidad del agua. “Pude constatar que, en el municipio de Emiliano Zapata, en Veracruz, hay una visible contaminación de algunos manantiales por hidrocarburos en la región, hay mucha explotación incluso de fracking, y se percibe eso, la comunidad fue obligada a cambiar de fuente de abastecimiento”, reportó. “Hay este tipo de problemas relacionados con la calidad del agua, con la no priorización del recurso para el consumo humano y con la priorización del agua para fines económicos”, agregó. Mencionó que ciertos barrios más marginales se ven afectados por sistemas de aguas precarios o por el abastecimiento de hoteles de lujos. También comentó que muchos ríos como el Río Sonora, Río Santiago, el Zapotillo, se encuentran contaminados por el desarrollo económico y ciertas empresas. El relator presentará su informe final sobre sus hallazgos y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en septiembre próximo, pero enfatizó que la obligación primordial para la realización de todos los derechos humanos, incluyendo el derecho al agua y al saneamiento, reside en el Gobierno. “Las necesidades domésticas de todos los individuos, familias y comunidades deben ser la primera consideración y la principal prioridad entre los diversos usos que el agua tiene”, indicó. Recordó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU establece la necesidad de garantizar para 2030 la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. No obstante, consideró que en México reducir las brechas en este tema tomará mucho tiempo. Por Pierre-Marc René