Según el documento "Estadísticas Migratorias. Síntesis 2022", publicado por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de enero a agosto del presente año, al menos 249 mil 295 migrantes fueron detenidos y presentados ante las autoridades por no acreditar su situación migratoria, lo que representa un aumento del 44.8% interanual.
En el mismo periodo del año pasado fueron detenidos 172 mil 174 migrantes, este año se detuvieron a 77 mil 121 más.
El 21.1% de los migrantes detenidos eran originarios de Honduras, 21.4% de Guatemala, 14% de Venezuela, 13.8% de otros países, 12.1% de Cuba, 8.9% de Nicaragua y 8.7% de El Salvador.
Sin embargo, en múltiples ocasiones los migrantes han sido víctimas de discriminación y abuso autoritario.
De acuerdo a migrantes recién llegados a Aguascalientes, el “albergue” instalado en Janos, Chihuahua no es más que una cárcel, donde se viven múltiples abusos y expresiones de racismo.
“El trato no es bueno, nos tratan como si fuéramos delincuentes. Si nos agarra la migra, nos detiene y nos mete presos, es prácticamente una cárcel, no es ningún albergue, no hay agua caliente y la comida es espantosa… Sabiendo que venimos de una selva, que venimos cruzando 5, 6, 7 países y que nos regresen otra vez, jugando con el cansancio de la gente, no se vale”, expresó migrante de Nicaragua.
Comentan que el trato es tan pésimo que “entras bien y sales enfermo”. Si llegaban a alzar la voz, los castigaban metiéndolos a un cuarto sin comida y sin abrigo.
“Hay personas escupiendo hasta sangre. Uno les dice ‘mire, hay personas enfermas’, nos dan comida de perro, yo creo que un perro no se come que ellos dan, y dicen que es una estadía que nos dan pero eso no es una estadía, eso es estar preso”, manifestó otro migrante de Nicaragua.
En cuanto a la comunicación con sus familias señalan que es nula. Únicamente les permiten hacer una llamada y si desafortunadamente no contestan, no les permiten llamar de nuevo.
Más allá del deber de detener la violencia contra las personas migrantes y contra quienes defienden sus derechos humanos, como han pedido la sociedad civil y múltiples órganos de la ONU, estos acontecimientos apuntan a la necesidad de que el gobierno mexicano levante las restricciones al tránsito de personas migrantes dentro de México. Además de las repercusiones en materia de derechos humanos que supone mantener a familias e individuos en una zona que no está preparada para garantizarles condiciones dignas de vida en el contexto actual.
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