La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a elementos de la Guardia Nacional (GN) por la muerte de una menor de edad embarazada, a quien le dispararon durante una persecución en Jalisco, en noviembre del 2021. La recomendación 70VG/ 2022 está dirigida a la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, por violaciones graves a los derechos humanos.
A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que los hechos ocurrieron cuando una pareja se trasladaba por la carretera libre Zapotlanejo-Guadalajara a bordo de una camioneta cuando rebasaron a la unidad en la que circulaban tres elementos de la Guardia Nacional, al hacer la maniobra, los elementos se percataron que la camioneta no traía placas y presuntamente iba a exceso de velocidad, por lo que les marcaron el alto con comandos luminosos.
Se inició la persecución, misma que concluyó cuando los elementos accionaron sus armas, una vez realizada la detención, se percataron que la menor de edad embarazada había perdido la vida a consecuencia de los disparos.
De acuerdo con el comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que los elementos de la Guardia Nacional no se ajustaron a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza.
"La Comisión Nacional considera que el uso de la fuerza aplicada por los elementos de la Guardia Nacional no fue gradual, no se intentó reducir al mínimo los daños y no se intentaron realizar maniobras menos letales, ni pudieron acreditar que el uso de las armas haya sido estrictamente inevitable como lo establece la legislación".
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Por lo anterior, la CNDH pidió a la titular de la SSPC que trámite de inmediato la inscripción de las víctimas directas y de aquellas personas que resultaron ser víctimas indirectas, en el Registro Nacional de Víctimas, para que se proceda a la reparación del daño.
Además, la comisión pide colaborar ampliamente en la investigación y seguimiento de la denuncia administrativa en contra de las personas servidoras públicas señaladas como responsables y colaborar con la autoridad ministerial en la integración de la carpeta de investigación que se encuentra abierta por el caso.
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