Desde que México emprendió reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, apenas en el 2011, el Poder Judicial ha experimentado modificaciones paulatinas que han hecho la diferencia en la impartición de Justicia.
“El nuevo paradigma en materia de Derechos Humanos cambió la forma de ver, de juzgar, de analizar los casos en México.
Se ha potencializado el rol interpretativo de los tribunales, mediante un control no solamente constitucional sino también convencional”, explica Sergio Sáenz Hernández, que dirige el despacho SAHER Abogados.
Temas relacionados con intereses difusos o colectivos, mediante la incorporación del interés legítimo en el juicio de amparo, por ejemplo, han modificado la estructura tradicional para acceder a la justicia, como resultado de las modificaciones a la Ley de Amparo de hace aproximadamente cinco años.
Las prácticas administrativa y mercantil son donde se concentran el mayor número de casos patrocinados por SAHER Abogados, los que generalmente se dirimen en última instancia a través de Juicios de Amparo, explica la firma.
“Es esencial analizar todo acto de autoridad a la luz del principio de legalidad, que implica una exhaustiva fundamentación y motivación.
Ante un acto o resolución que vulnere este principio, es posible acudir a diversas instancias legales, e incluso cuando se trate de asuntos cuya importancia y trascendencia lo requiera, es posible que sean del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de generar precedentes relevantes para el orden jurídico nacional”, destaca Sáenz.
Ejemplifica que, en los últimos seis meses, el Bufete ha obtenido en beneficio de sus clientes diversas declaraciones de inconstitucionalidad emitidas por tribunales colegiados ante casos mal fundamentados por autoridades administrativas, o inclusive por omisiones legislativas.
Lo anterior ha derivado de diversas interpretaciones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que permean en las áreas de práctica del despacho, particularmente en las materias administrativa, mercantil/civil y transaccional/corporativa.
“El juicio de amparo constituye una piedra angular en la protección de los derechos fundamentales.
Cuando una violación subsiste en una sentencia del fuero común, es viable que el caso sea revisado por el Poder Judicial Federal, lo cual da otro matiz a la propia autoridad responsable, que cuida mucho el tema de generación de responsabilidades” explica el abogado, de 37 años.
PROFESIONALIZACIÓN
Sáenz Hernández fundó la firma que encabeza en 2013 y, desde entonces, ha logrado captar clientes en las prácticas mercantil, administrativa y transaccional-corporativa, donde figuran empresas AAA.
Los retos inmediatos que enfrenta junto con sus socios se relacionan con la competencia, pues están inmersos en un mercado altamente competitivo.
Una de sus herramientas fue definirse como un despacho boutique y con expertise en las tres prácticas mencionadas, lo que combinan con honorarios competitivos.
“México tiene una gran oferta de firmas legales, de todos los niveles. Están los AAA, los despachos internacionales, y ese es el reto: ser visibles para los clientes, para los grandes corporativos”, menciona.
De hecho, fue un cliente de origen extranjero con un gran reconocimiento internacional lo que propicio que Sáenz Hernández dejara su zona de confort en una gran firma de abogados, para buscar su autonomía.
Hace una década, todavía sin su despacho, representó al organizador del evento “México 2010: Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución”, lo que le dio una gran visibilidad en materia de Derecho Administrativo.
El abogado resume que hay una dupla infalible a la hora de ofrecer servicios legales en México; una es la calidad del servicio que se provee, manejado por profesionales, y otro es el monto razonable de los honorarios.
“Implica una personalización absoluta de cada uno de los casos, un seguimiento, un análisis. Mis socios y yo nos involucramos por igual en cada asunto y eso lo permite un despacho boutique como nosotros”, indica.
El directivo es abogado por la Escuela Libre de Derecho; tiene una maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana y es uno de los representantes de la primera generación de la maestría en Derecho Constitucional de la Escuela Libre de Derecho.
Como experto en Derecho Constitucional destaca el principio pro persona y su trascendencia en las diversas ramas del derecho.
“Es un principio que se incorporó a nivel Constitucional como consecuencia de la reforma en materia de derechos humanos, consistente en que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Por María Luisa Aguilar