Van contra funcionarios de la PGR por caso Duarte

En una audiencia determinarán si una organización de sociedad civil es víctima y puede participar en la investigación contra los funcionarios que plantearon una condena de sólo 9 años de cárcel para el ex gobernador Javier Duarte

A las 16:00 horas está programada la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte
En la imagen, el ex gobernador Javier Duarte Foto: Cuartoscuro

Un juez decidirá si integrantes de la organización Tojil tienen el carácter de víctimas para participar en la investigación en contra de servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) por posibles hechos de corrupción en la sentencia dictada al ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa.

Estefanía Medina, directora de la asociación, informó a El Heraldo de México que este jueves se realizará una audiencia ante un juzgador del Reclusorio Sur debido a la negativa de la PGR para que participen en la indagatoria que inició la Visitaduría General para determinar si los funcionarios encargados del caso incurrieron en algún delito al plantear una condena de sólo nueve años de cárcel para Duarte de Ochoa.

Nosotros denunciamos que al haber dado esta sentencia en este proceso abreviado que se le impuso una sentencia de nueve años y una multa de 58 mil pesos, esta pena la solicita directamente el fiscal, el juez no tiene la posibilidad de aprobar la pena y al analizar los indicios de la reclasificación del delito…se solicita que se imponga una pena tan baja, es que se empieza a advertir que eso viene de un acuerdo político o de un acto de mera corrupción entre la Procuraduría y la defensa de Javier Duarte, detalló.

Aseguró que la PGR les informó que la indagatoria se inició por el delito de cohecho y ejercicio indebido del servicio público.

Presentamos la denuncia el 1 de octubre y derivado de eso, el 4 de octubre nos notifica la Procuraduría que ya abrió una investigación, específicamente la Visitaduría General, que es el área que se encarga de investigar y perseguir los delitos cometidos por servidores públicos de la PGR, señaló Medina.

El argumento de la PGR para no considerarlos víctimas, dijo, es que Tojil no tiene interés legítimo al no verse afectados directamente con la sentencia dictada.

Sin embargo, la organización señaló que los actos de corrupción afectan directamente a toda la sociedad porque disminuye la aplicación del Estado de derecho.

Es por eso que la organización solicitó audiencia ante el juzgador, lo que podría sentar un precedente para otros casos.

POR DIANA MARTÍNEZ

cfe

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