Seguridad jurídica por elecciones debe estar garantizada: SCJN

Sin la actuación de todos dentro del marco de la ley, no puede haber valores básicos qué respetar, indicó el presidente de la SCJN

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Ante el seguramente complicado proceso electoral del año próximo, debe reafirmarse que una de las misiones más delicadas que tiene el Estado es garantizar la seguridad jurídica, aseveró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguiar Morales.

Al presentar su Tercer Informe Anual de Labores ante los plenos de la SCJN, del CJF y del Tribunal Electoral, reiteró que no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país, y que éste ha cumplido cabalmente con lo que le toca para lograr la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.

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Expuso que sin seguridad jurídica, sin la actuación de todos dentro del marco de la ley, no puede haber valores básicos qué respetar, no sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica que la proteja.

En el acto al que asistieron como invitados especiales el presidente Enrique Peña Nieto y los presidentes de las Mesas Directivas del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, y de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, indicó que para que el derecho sea una realidad se necesita contar con la seguridad que permita aplicarla.

En el Salón de Plenos de la sede de la SCJN, el ministro llamó a exigir a la autoridad el cumplimiento de la ley, pero también seamos nosotros, como ciudadanos, conscientes de cumplir con nuestras obligaciones.

Si así lo hacemos autoridades y ciudadanos, la cosecha de esa labor será invaluable, y lo será porque la seguridad jurídica genera certeza en todos, permite la convivencia y mejor aún permite la paz

Aguilar Morales advirtió que la Constitución bajo ningún concepto puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto de los derechos que el propio constituyente ha reconocido en el nuevo sistema de justicia penal, tanto en favor de quien se le imputa un delito como a quien lo sufre, es decir la víctima.

Sostuvo que en la consolidación del nuevo sistema nosotros los juzgadores cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución y esa labor no la vamos ni la podemos abandonar por cualquier crítica.

En su informe dio a conocer que en el último año el nuevo sistema de justicia conoció de 36 mil cinco asuntos, de los cuales 15 mil dos, que representan el 41.7 por ciento, fueron causas penales que involucraron a 21 mil 818 personas imputadas.

Previo a clausurar el segundo periodo ordinario de sesiones, el presidente de la Corte también se refirió al combate a la corrupción en el Poder Judicial y recalcó que tolerarla es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia.

Asimismo es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial; es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad.

Por ello, expresó su enérgica condena a los funcionarios o empleados que sin ética alguna, sin respeto a los derechos humanos y con bajeza de humanidad, difunden y propalan determinaciones que sólo son meras suposiciones de responsabilidad que pudieran o no generar un procedimiento de responsabilidad por el que habría de juzgarse a algún servidor público.

Esa práctica no sólo debe desterrarse, sino, esa sí, sancionarse, cuando con ello se afectan los derechos fundamentales y se expone de manera absolutamente injustificada a algún funcionario público al descrédito, sin haberse seguido un procedimiento en el que se respete el debido proceso legal, recalcó.

En este sentido, Luis María Aguilar manifestó que los impartidores de justicia obtenemos nuestra legitimación no del voto público, sino de nuestra actuación recta cotidiana y diaria en la resolución de sentencias de manera independiente.

Informó que durante el periodo que se reporta se ordenó la realización de 290 procedimientos de investigación debido a quejas y denuncias, que acumuladas a las 94 existentes suman un total de 384.

Como resultado de lo anterior se sancionó a 407 servidores públicos y en el Registro de Servidores Públicos Sancionados se inscribieron 341 sanciones, incluidas las aplicadas por otros órganos disciplinarios del Poder Judicial de la Federación.

Con motivo de las quejas, denuncias o procedimientos disciplinarios iniciados de oficio en este año, la Comisión de Disciplina y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo el respeto al debido proceso legal, impusieron sanciones a 76 servidores públicos adscritos a diversos órganos jurisdiccionales.

De ellos siete fueron Magistrados de Circuito, 14 Jueces de Distrito y 55 personal subalterno.

Explicó que las sanciones impuestas a los titulares van desde apercibimientos privados y amonestaciones, hasta suspensión en siete casos y un caso de destitución de un Juez de Distrito.

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