Recomendaciones en el olvido: CNDH

Ayotzinapa y la matanza de San Fernando están sin atenderse por completo

CUARTOSCURO.
CUARTOSCURO.

El 97 por ciento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves no han sido cumplidas por las autoridades.

De acuerdo con el Informe de Seguimiento a Recomendaciones que el organismo entregó a legisladores, Michoacán y Veracruz son las entidades en las que se han emitido más señalamientos de este tipo.

Son casos emblemáticos como ejecuciones arbitrarias o masacres en las que autoridades vulneraron derechos, pero a pesar de su importancia, no han cumplido todos los puntos recomendatorios.

La primera recomendación de este tipo fue por los hechos del 12 de diciembre de 2011 cuando policías estatales y federales dispararon contra normalistas de Ayotzinapa.

De 43 puntos recomendatorios, 15 continúan en trámite desde 2012, cuando fue emitido el instrumento a la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, al gobernador y Congreso de Guerrero.

También se emitió recomendación de este tipo por el hallazgo de 49 personas sin vida en Cadereyta, Nuevo León, por la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria de personas en Tierra Blanca, Veracruz, el 11 de enero de 2016, y sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México.

De 2012 a la fecha, la CNDH ha emitido 11 recomendaciones por violaciones graves, esto luego de la reforma constitucional de 2011 que le dio la facultad para investigar casos de esta naturaleza.

De estos mecanismos, dos fueron reclasificados como graves. El organismo nacional reclasificó como violaciones graves la recomendación por los hechos ocurridos en 2011, en San Fernando, Tamaulipas, donde murieron 72 migrantes.

La PGR y el gobernador de Tamaulipas son señalados como autoridades responsables y aún están pendientes de cumplimiento dos puntos recomendatorios.

El año con más recomendaciones de esta índole fue 2017, con cinco; en 2016, sólo se emitió un mecanismo recomendatorio y también en 2015; en los instrumentos se señala a 30 autoridades como responsables de estas violaciones.

De 2016 a 2017 se incrementaron las autoridades que vulneraron estos derechos, al pasar de dos a 15. A la fecha sólo una recomendación se ha cumplido totalmente.

 

Por Diana Martínez

 

 

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