Advierten a la IP por coacción

Marco Baños, consejero electoral, aclara que el INE está atento a que patrones no rebasen la línea legal

Advierten a la IP por coacción

El consejero electoral Marco Antonio Baños recordó que, si bien los empresarios gozan de libertad de expresión, la coacción del voto está prohibida.

Aclaró que si se presenta una queja por los llamados a sus trabajadores para que razonen su voto, el Instituto analizará si las expresiones aluden a algún candidato presidencial.

Desde hace una semana, empresarios como Alberto Baillères, de Grupo Bal; Germán Larrea, de Grupo México, y Héctor Hernández-Pons, de Grupo Herdez, han pedido a sus empleados reflexionar su voto y, en algunos casos, criticado visiones populistas.

El consejero Marco Baños aclaró que, hasta el momento, los patrones han ejercido su libertad de expresión y no han violado el artículo 7 de la Ley Electoral.

Ese artículo puntualiza que el voto es libre y secreto y que queda prohibido cualquier acto de presión o coacción. Baños también acotó que estarán atentos a que no rebasen la línea de la legalidad, pero sólo iniciarán una investigación si algún partido presenta la denuncia correspondiente.

Creo que los empresarios tienen derecho a la libertad de expresión, pero también están claros de que están sujetos al marco de la ley y de que los votos corporativos están prohibidos, que la presión y la coacción al ejercicio de las libertades de los ciudadanos podían constituir un delito.

Queremos un voto informado de los ciudadanos sí, pero también queremos un voto sin presiones ni coacciones, concluyó.

De presentarse una queja, dijo, estudiarán si las expresiones dañan a algún candidato presidencial aun cuando no se mencione su nombre.

Vamos a revisar con cuidado, si se presenta alguna queja, para saber si los dichos tienen alguna implicación a favor o en contra de algún candidato, indicó. La vía administrativa no es la única para investigar las expresiones de los empresarios sobre la elección.

El artículo 4 de la Ley sobre Delitos Electorales precisa que el Ministerio Público podrá iniciar de oficio una investigación sobre cualquier probable delito electoral que se identifique.

POR NAYELI CORTÉS

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