Avalan dirigencia de Ramírez Cuéllar

Ante las diferencias en Morena, el órgano electoral determinó que sí es legal la reciente elección del presidente nacional, a quien le entregarán 137 millones de pesos al mes, sin recorte alguno

RUTA. Alfonso Ramírez Cuéllar fue electo como presidente de Morena durante cuatro meses. Foto: Daniel Ojeda

Alfonso Ramírez Cuéllar es el presidente legal de Morena, está obligado a realizar una encuesta para elegir a los nuevos liderazgos y contará con prerrogativas mensuales por 137.8 millones de pesos pues, además de validar su elección, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión de su antecesora, Yeidckol Polevnsky, de devolver 75 por ciento del financiamiento público.

En su resolución, los magistrados aclararon que su intención al avalar su nombramiento por cuatro meses es contribuir a resolver la crisis que vive el instituto político.

Polevnsky dijo que permanecerá como secretaria general y acatará el fallo aunque no lo comparte: Es inaceptable que se hayan avalado todas las ilegalidades del Congreso Nacional.

Ramírez Cuéllar aclaró que su compromiso es consolidar al partido como el gran motor de la transformación de México.

La sentencia aprobada por seis de siete magistrados pone fin a un conflicto que inició el 30 de octubre.

El aval a Ramírez Cuéllar como dirigente fue posible porque, de acuerdo con el proyecto de sentencia de Indalfer Infante, la convocatoria al VI Congreso Nacional fue considerada válida, porque para lanzarla, Bertha Luján, tomó como base un razonamiento jurídico de la Comisión de Honestidad y Justicia, según el cual, los Estatutos de Morena contemplan la posibilidad de que las dos terceras partes de los congresos locales convoquen al órgano.

Como lo adelantó El Heraldo de México, el TEPJF ordenó a Morena realizar una encuesta para elegir una dirigencia por tres años, un proceso que Ramírez Cuéllar tendrá que conducir.

El organismo consideró que Morena incurrió en desacato al no reponer la elección dentro de los 90 días que dio la Sala Superior para hacerlo.

No adoptar la determinación del método de elección por encuesta como una medida para dar cumplimiento de la sentencia, vulneraría la seguridad jurídica, el derecho de asociación y de la militancia a que el partido se renueve periódicamente y funcione adecuadamente, puntualizó el Tribunal.

POR NAYELI CORTÉS

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