PGR llega a acuerdo reparatorio con red que vendía alimentos 112% más caros a Venezuela

Tendrá que pagar 56 millones de pesos a Naciones Unidas para atender necesidades en materia de refugiados

La PGR recibió una denuncia en contra de personas físicas y morales que se aprovecharon de la situación. Foto: Especial
La PGR recibió una denuncia en contra de personas físicas y morales que se aprovecharon de la situación. Foto: Especial

Una red de empresas y personas físicas que se aprovecharon de la crisis humanitaria en Venezuela mediante la venta de alimentos 112 por ciento más caros, tendrá que pagar 56 millones de pesos a Naciones Unidas para atender necesidades en materia de refugiados luego de llegar a un acuerdo reparatorio con la Procuraduría General de la República (PGR).

Israel Lira Salas, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, informó que el área a su cargo recibió una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en contra de personas físicas y morales dedicadas a la venta de alimentos básicos y servicios de logística al advertirse operaciones inusuales en su administración.

Detalló que el 3 de abril de 2017, el gobierno de Venezuela emitió un decreto de estado por excepción y de emergencia económica por el que creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS) que tiene como propósito distribuir entre la población afiliada a estos despensas de alimentos a precios subsidiados.

A partir de 2016, y de acuerdo a las investigaciones ministeriales practicadas, una red de empresas y personas físicas, tanto nacionales como extranjeras, han obtenido recursos públicos venezolanos provenientes de un programa gubernamental que tiene como propósito adquirir despensas alimenticias en diversos países para posteriormente exportarlas a Venezuela y distribuirlas entre la población a un precio menor al de su costo comercial y así atenuar la grave crisis alimentaria que sufre la población venezolana, explicó.

Las empresas y personas físicas mexicanas y extranjeras, señaló, obtuvieron recursos desviándolos de sus fines humanitarios para adquirir alimentos aprovechándose de la crisis alimentaria de Venezuela.

Esto se realizó mediante la adquisición de productos de baja calidad, exportándolos a Venezuela con sobreprecio y a través de los CLAPS revendiéndolos a los venezolanos en un valor 112 por ciento mayor del costo real.

Se detectó la existencia de diversos operadores como el señor Alex N, aparentemente relacionado con autoridades del gobierno de aquel país, así como Álvaro N, Emanuel N, Santiago N y Andrés N, quienes con el propósito de obtener los productos alimentarios que deben suministrar al gobierno venezolano, acuden a diversos países, entre ellos México, para contactar con otras empresas, dijo.

El Ministerio Público de la Federación, informó, realizó un acuerdo reparatorio con personas físicas y morales involucradas en la indagatoria para que los imputados entreguen a la ACNUR tres millones de dólares, que equivalen a 56 millones de pesos.

Además, se comprometieron los involucrados en la investigación a no realizar ningún acto comercial con el gobierno de Venezuela o terceros relacionados con el envío o comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquel país con motivo del programa CLAPS.

Lira Salas dijo que fueron encontrados además mil 300 contenedores marítimos en México con 1.8 millones de despensas alimenticias que serían enviados a Venezuela, los cuales fueron proveídos por los empresarios investigados.

Debido a que eran productos perecederos no se impidió el envío.

Por Diana Martínez

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