No a indulto, reviran 228 presos políticos

Aceptar es reconocer delitos por los que son acusados, afirman; Proponen quitar acciones penales

Legisladores guardan un minuto de silencio en memoria de Valeria Cruz, hija de la diputada Carmen Medel, ayer en San Lázaro.
FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM
El proyecto fue enviado a AMLO para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación. FOTO: ARCHIVO/ CUARTOSCURO

Los presos políticos rechazaron el indulto ofrecido por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien analiza perdonarlos a través de un decreto que firmará el 1 de diciembre.

El coordinador del Comité Cerezo, Francisco Cerezo, explicó que la mayoría de los 228 presos políticos que tienen contabilizados, consideran que aceptar el perdón implica reconocer que cometieron los delitos por los que son acusados.

El indulto es una de las figuras que los presos por motivos políticos siempre se han negado, indicó.

El 31 de octubre, Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública dijo a este diario que López Obrador hará uso de la facultad que le otorga el artículo 89 de la Constitución, que le permite conceder un indulto a reos sentenciados.

El primero de diciembre, el futuro presidente firmará un decreto con lo que corresponda un indulto, o lo que sea procedente en términos jurídicos, para que todas aquellas y todos aquellos mexicanos que estén presos por razones políticas, por impulsar la movilización social o por razones de abuso de autoridad, iniciaremos los trámites correspondientes para que obtengan su libertad, explicó Durazo.

En contrapropuesta, el Comité Cerezo entregó ayer en la Cámara alta una iniciativa de Ley de Amnistía para que se extingan las sanciones y acciones penales en contra de los presos políticos.

La propuesta, de la cual El Heraldo de México tiene copia, contempla que las personas beneficiadas sean aquellas que fueron detenidas por ejercer el derecho humano a la protesta o por vía violenta, incluye a las personas que son parte o no de organizaciones sociales, políticas, de la sociedad civil y las policías comunitarias.

También propone que los beneficiados de la ley dejen de tener acciones penales y sanciones impuestas, con excepción de la reparación del daño y la cancelación de las órdenes de aprehensión pendientes.

Para ello se creará una comisión integrada por el procurador general de la República o fiscal general, un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de la Cámara de Diputados y uno del Senado, y cuatro integrantes de las organizaciones promoventes de la iniciativa.

Nosotros impulsamos la amnistía porque es un olvido, es decir, no hay necesidad de probar o comprobar si son o no responsables, sino simplemente salen en libertad, dijo.

Cerezo adelantó que mantuvieron reuniones con el equipo de Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Ellos están evaluando cómo tendría que ser una amnistía, o si es un decreto, ésa es la discusión que se tiene ahorita. Nosotros esperamos que sea una amnistía porque ésa es la herramienta idónea para este caso, agregó.

 

POR RICARDO ORTIZ E IVÁN RAMÍREZ

jrr

 

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