Llamado a OEA, sin valor judicial

Especialistas dicen que el objetivo del PAN y PRI es sólo llamar la atención internacional

Llamado a OEA, sin valor judicial

La intervención de la Organización de Estados Americanos, OEA, solicitada por panistas y priistas para dirimir acusaciones de lavado de dinero contra Ricardo Anaya, no tiene ninguna justificación jurídica, pero sí busca reflectores mediáticos entre sectores económicos y políticos estadounidenses, consideraron internacionalistas.

En entrevista con El Heraldo de México, el académico de la UNAM, Martín Íñiguez, explicó que la OEA es un organismo internacional que resuelve conflictos entre naciones, es decir, no intervine en procesos internos de los países miembros.

No tiene ningún sentido que tanto Anaya como el PRI vayan a la OEA, pues no hay conflictos con otro país, sino al interior de nuestro sistema. Es un absurdo, expuso.

Gerardo Rodríguez, internacionalista de la Universidad de Las Amé- ricas Puebla, y experto en seguridad nacional, también consideró innecesaria la intervención del organismo internacional.

Sólo escalan y politizan este tema al ir a foros internacionales y la verdad es que resulta vergonzoso, porque no les sirve de nada en términos electorales. Puro ruido mediático, sostuvo.

Ambos especialistas coincidieron que la única pretensión al salir del país, especialmente a Washington, es la de tratar posicionarse mediáticamente, a fin de que los volteen a ver los tomado- res de decisiones en Estados Unidos , específicamente en el plano económico y político.

Al respecto, la consejera electoral, Pamela San Martín, aseguró que las instancias nacionales e internacionales involucradas en este tema deben actuar apegadas a sus reglas, sin importar las siglas. Hizo un llamado a los servidores públicos a no usar las instituciones con fines partidistas.

Los contendientes deben hacer valer y ejercitar sus derechos permanentemente. Cada institución nacional o internacional debe realizar sus investigaciones con base en su propia normatividad. En el caso del Estado mexicano, se debe reiterar que todos los servidores públicos están obligados a cumplir el artículo 134 constitucional y no afectar la equidad de la contienda electoral en curso, precisó.

 

POR FRANCISCO NIETO Y NAYELI CORTÉS

 

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