La justicia se limitó

Padres de familia lamentan que nunca se señalaran culpables

El 5 de junio 106 menores resultaron heridos y 49 más murieron. FOTO: ESPECIAL
El 5 de junio 106 menores resultaron heridos y 49 más murieron. FOTO: ESPECIAL

El 23 de octubre de 2011, Felipe Calderón firmó el decreto de la ley que imponía a las guarderías del país un conjunto de normas de seguridad. El Presidente dedicó 49 segundos, de un mensaje de 11 minutos, a recordar la muerte de 49 niños en un incendio en la instancia infantil ABC de Hermosillo, Sonora, dos años atrás.

Ese día, el presidente llegó tarde y parecía molesto. ¿No era para celebrar la ley entregada con el corazón por los padres para evitar la muerte de más bebés? Para Calderón, no; firmó el decreto el último día, por un asunto de dineros: la vigencia de la ley le exigía destinar recursos a equipar las guarderías, y no quería distraer fondos del presupuesto.

A 10 años de distancia, la muerte de los niños de la guardería ABC es un símbolo de la injusticia y de los intereses políticos que la pervierten y exonera a personajes protegidos desde el poder, aseguran padres de los menores.

Han pasado muchas cosas y no ha pasado nada, lamenta Julio César Márquez, padre de Yeyé. El poder Judicial ha sido lento y condescendiente con los involucrados, dice Roberto Zavala, quien perdió a su hijo, Andrés Alonso.

Los padres exigieron al gobierno de Calderón encarcelar al alcalde Ernesto Gándara, al gobernador Eduardo Bours, a la ex diputada Claudia Pavlovich, al ex director del IMSS Juan Molinar Horcasitas, y a Marcia Matilde Altagracia Gómez, fundadora de la guardería y parte de dos familias influyentes: Era prima de Margarita Zavala, esposa del panista Calderón, y prima de la esposa de Bours, Lourdes Laborín Gómez del Campo.

Los expedientes fueron parciales y la Procuraduría excluyó a los servidores de alto rango, dice Márquez.

Decepcionados con Calderón, los padres acudieron a la Suprema Corte, que abrió una investigación a cargo del ministro Arturo Zaldívar. El hoy presidente de la Corte señaló la responsabilidad de 14 funcionarios en la muerte de los niños.

Pero Calderón volvió a la carga y las presiones que ejercieron el Presidente, Molinar y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, doblaron a los ministros y el dictamen excluyó la responsabilidad de los señalados por Zaldívar. Es decir: en la Corte documentaron negligencias y omisiones, pero evadieron señalar responsables.

Estos 10 años han sido para los niños muertos y sus padres un viacrucis sin final en busca de la esquiva justicia. Algunos bebés sobrevivientes han sido operados más de treinta veces y sus papás y mamás están en tratamiento psicológico. Después de 10 años de espera y frustración, parece haberse abierto una rendija contra la impunidad y una luz hacia la justicia esquiva: el 22 de mayo, el IMSS presentó una denuncia penal contra el ex gobernador Eduardo Bours por su responsabilidad en la muerte de los 49 niños y las lesiones de otros 100.

Por Wilbert Torre

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