Frenan en el INAI efecto “Chapulín”

Los comisionados pactaron no ir por cargos de elección popular si aún no terminan sus periodos

Foto: Especial
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Una cláusula de enfriamiento fue integrada al Código de Ética del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), a fin de que los comisionados de ese órgano no puedan aceptar una invitación a contender por un cargo público de elección popular antes de concluir su encargo e, incluso, después de cierto tiempo de terminar su mandato, informó Francisco Acuña, comisionado presidente del Instituto, en entrevista con El Heraldo de México.

El cambio surgió a partir de la renuncia de la comisionada Ximena de Puente, el pasado domingo 18 de marzo.

A través de una carta dirigida al presidente de Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, De Puente anunció su salida del INAI, pues buscaba contender por una diputación plurinominal por el PRI. La consejera abandonó el cargo 11 días antes de concluir su encargo en el INAI.

La decisión de la comisionada resonó en la opinión pública. La prensa resaltó las resoluciones que había dictaminado De Puente a favor del gobierno federal y del partido que ahora la postulaba.

También impactó al interior del INAI. Por respeto a su ex compañera, los comisionados no juzgaron esta decisión, pero consensuaron una propuesta: incluir la cláusula de enfriamiento en el Código de Ética del Instituto.

 

 

Al margen de críticas y cuestionamientos, el INAI se mantiene robusto y fortalecido, aseveró Francisco Acuña.

 

 

Él considera que las críticas y el enjuiciamiento a las personas se quedan en el tiempo, pero lo importante es que las instituciones crezcan y evolucionen ante las críticas que provocan algunos de sus integrantes.

El titular del INAI también reconoció las críticas que recibió el Instituto, por aprobar la reserva de información relacionada con los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a Petróleos Mexicanos, pero argumentó que tuvieron que proceder de esa manera, por ser un asunto inmerso en juicio inconcluso, y a pesar de que existe una excepción a la reserva en casos de presunta corrupción. Estos delitos no cobran vigencia porque no hay un fiscal anticorrupción.

 

 

Esa vez quedamos los otros integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción como insensibles, cobardes o faltos de arrojo, pero no era eso, aclaró Acuña.

 

 

La decisión colegiada puede parecer políticamente incorrecta, pero es jurídicamente inevitable, expuso el comisionado.

No podemos hacer una estimación haciendo valer a esa excepción a la reserva que hubiese querido todo mundo, y nosotros. El costo de estas resoluciones ingratas, según Acuña, les cuestan mucho ante la opinión pública, lo cual genera desánimo y abona a la desconfianza en las instituciones, y en la política en general.

 

 

Nos meten a todos en el mismo cajón, y nos colocan en una posición de duendes inútiles para el contexto de la necesidad pública, pero no nos alcanzan los mecanismos, ni podemos hacer lo que no debemos, argumentó.

 

 

Para el consejero, la respuesta no está en mejorar leyes o mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, hay un gran equipamiento, pero el personal puede presentar una baja a la potencia conveniente para su funcionamiento óptimo.

Acuña reconoce que la opacidad persiste en la función pública, en partidos, sindicatos y otras entidades gubernamentales. Eso los empujan a ser incómodos, y defender la transparencia.

Por: LUIS ALONSO PÉREZ

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